El rapto de León, penúltimo aviso

¿LA COMUNIDAD leonesa tiene algo que decir ante la anunciada reforma constitucional?. Creo que sí, según mi leal saber y entender. Por ello es preciso ofrecer algunas respuestas para evitar el llamado rapto de León. En las fastuosas reformas se pretende «constitucionalizar» la denominación específica de las comunidades autónomas, con sus diversas concepciones históricas o ideológicas. Así, por ejemplo se habla de «Estado plurinacional», «Estado plurilingüe», «Estado libre asociado», «Estado Federal», etcétera; denominaciones acuñadas por los nacionalistas periféricos, las cuales son incompatibles radicalmente con la Constitución de 1978, por la que se crea el Estado de las Autonomías. 1. Como se puede observar, algunos aprendices de políticos, en nombre de la modernización o del progreso, deseen regresar al siglo XIX hasta lograr la confusión doctrinal y adoptar posiciones de ruptura con el sistema de convivencia nacional. Las llamadas «nacionalidades históricas» -quizá sin bastante fundamento- pretender atribuirse títulos de un pasado inexistente para erigirse en «naciones» o en la peor hipótesis para separarse de España, como sujeto político y geográfico. La historia como maestra de la vida nos dice, con plena objetividad, de que en España ha habido reinos, señoríos, principados, condados, jurisdicciones y otras instituciones jurídicas, pero nunca naciones en el seno de la nación española. A mi juicio, es un error intencionado identificar «nacionalidad» y nación, porque no son conceptos idénticos. Si fueran términos con la misma significación, los legisladores de la constitución de 1978 hubiesen fijado el concepto de nación en lugar de «nacionalidad». 2. Por otra parte, en el proyecto de Constitución de la I República (1873) se habla de los Estados que forman la Federación. En este sentido, la Federación estaba integrada por diecisiete «Estados» y varios territorios que se correspondían con las «regiones históricas españolas», con la extraña ausencia de León. He aquí el primer rapto de la «región histórica leonesa». En aquel inicial proceso de federalismo, la entonces Diputación de León, según el profesor Óscar Prieto, eleva a las Cortes un escrito «solicitando la autonomía regional para León, que no es parte de Castilla la Vieja, y cuenta con elementos más que suficientes para constituir por sí un Estado próspero; y por ello no debe ni puede ser absorbido por otro». En realidad, dicho proyecto federal apenas tuvo una discusión parlamentaria, a causa de los avatares históricos. 3. Siguiendo las principales etapas de textos constitucionales, con la proclamación de la II República (1931) se habla del Estado integral y autonomía regionales. En aquella época se iniciaron los procesos para la aprobación de los Estatutos de Euskadi, Cataluña y Galicia. El resto de las provincias o regiones con derecho a la autonomía no llevaron a buen término su objetivo a causa de la guerra civil (1936/39). Y tras las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, se aprueba la Constitución de 1978 con la creación del estado de Las Autonomías. Como es notorio, surge la Comunidad de Castilla y León con alguna polémica. En este caso, León o la Comunidad leonesa queda incorporada a Castilla la Vieja (1983). He aquí el segundo rapto de León. Porque no debemos olvidar que tanto Castilla como León son dos «identidades regionales históricas» dentro de la plural unidad de España. Y esa incorporación no quiere decir que sea permanente e inalterable, ya que la comunidad leonesa tiene los mismos derechos constitucionales como otra comunidad uniprovincial. 4. Finalmente, el problema básico que se vislumbra, en una eventual reforma de la Constitución, es que la comunidad leonesa quede fuera del texto constitucional al pretender constitucionalizar las actuales comunidades autónomas; es decir que queden integradas con su denominación en la futura Constitución - si es apropiada en su día por referéndum-, y entonces se corre el riesgo de que León no figure inscrita como tal comunidad uniprovincial. En esta hipótesis nos encontramos con el tercer rapto de León. Sólo se puede evitar si los políticos leoneses y las instituciones cooperan activamente y con grandeza para que no se verifique. El presidente actual del Gobierno y leonés, Rodríguez Zapatero, alentador de la reforma constitucional, podría ser un valedor de esa conquista histórica, a fin de que León, como «en toda región histórica» figure en el futuro cambio constitucional. Para conseguir dicho objetivo, es preciso aclarar que sería necesario cumplir los requisitos establecidos en la vigente Constitución para acceder a la autonomía uniprovincial.