Coste de la educación

HACE CINCO años, por estas mismas fechas, nadie parecía estar de acuerdo con la valoración económica de las competencias educativas que se iban asumir con el comienzo del año 2000. Cada sindicato hacía sus propios números; nada nuevo si tenemos en cuenta que lo mismo estaba sucediendo en Rioja, Murcia, Aragón, Cantabria... Recordar los 300.000 millones iniciales que pedía la Junta de Castilla y León y la cantidad que solicitó cuando su mismo partido accedió al poder es algo así como contar un chiste de largo recorrido, deficiente estructuración y peor final. Seguramente pocos recordarán ese episodio bochornoso, donde la Junta se limitó a «huir hacia adelante» negando la evidencia. Las hemerotecas están para algo más que para una simple lectura y por eso son el enemigo natural de los políticos indefinidos. La historia de esa cantidad mencionada se remonta a 1996, primera vez que se aludía a la misma por parte de la administración autonómica; aunque en entrevista al entonces ex vicepresidente de la Junta se aseguraba que «esa cantidad nunca se había barajado». Sin embargo, como se suele coger antes al mentiroso que al cojo, el 18 de julio de 1997 la prensa de Valladolid tituló: «...la Junta sólo concibe recibir la educación con los 300.000 millones». Era un titular al que el partido socialista respondía asegurando que la consejería no tenía un modelo educativo que ofrecer. En ese momento, la propia consejera constataba que no había otra alternativa ya que «no podemos hipotecar nuestra Hacienda pública». Esas declaraciones de la entonces consejera fueron respondidas por la oposición aludiendo al recorte en la previsiones de inversión del MEC. El «caldo de cultivo» estaba servido, sobre todo para el partido socialista que -hasta ese momento- nada provechoso había aportado al debate de las competencias educativas en la comunidad, llegando a preguntar en las Cortes cuánto costaba el sistema educativo en Castilla y León. La facilidad demagógica de la oposición por aquel entonces dejó sin argumentos a la titular de la consejería de educación. Eran momentos en que izquierda unida hablaba de «historia interminable», «cascada de contradicciones» y de «gran malestar», mientras se seguía insistiendo en que la valoración de la Junta era insuficiente, a la vez que se animaba al ejecutivo a seguir defendiendo los 300.000 millones que había defendido en septiembre del año 1997. Como reacción a las brutales críticas que recibió la consejera de Educación, en una entrevista concedida a los semanarios de educación, precisó datos de alumnos, profesores, centros por niveles y número de funcionarios de la comunidad; pero el efecto fue contrario al esperado: los números sirvieron para la especulación y el comentario sindical, sin que nadie advirtiera los numerosos errores de precisión, ni las matizaciones que hubieran sido necesarias. En diciembre del año 1997, el portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León preguntaba por criterios de población para establecer el coste efectivo de la transferencias educativa a la comunidad y, por enésima vez, pedía al presidente Juan José Lucas una aclaración sobre las cifras. UGT y CC.OO. presentaron su valoración en los medios de comunicación en abril de 1998 y las cantidades de ambas centrales sobrepasaban considerablemente la cantidad en que habían sido valoradas unos días antes desde el gobierno central. Seguían siendo momentos de malestar por las negociaciones y por el error del secretario de la sección de educación de la comisión mixta, al no haber tramitado las actas de la comisión en tiempo y forma. Las declaraciones de Esperanza Aguirre, ese mismo mes de abril, descontrolaron a propios y extraños, a la misma consejera y al entonces presidente Lucas; pero la valoración era precisa en ese momento y coincidente con la que se llegó a transferir, perdiendo una gran oportunidad para Castilla y León. Llegado el año 2000 se comprobó que nada se había hecho. Ni siquiera los cimientos de un proyecto que, dicho sea de paso, nunca existió. Los dos primeros años de la legislatura anterior transcurrieron «de bandazo en bandazo» y ahora se ven los resultados. La misma falta de organización que se advirtió en educación, se observa en sanidad y la transferencia de la justicia lleva el mismo camino. Quienes tanto criticaron a Juan José Lucas y a Tomás Villanueva por asumir las competencias sin perspectiva de futuro, hoy observan aferrados en sus sillones como titulares de una dirección general y, en algún caso, de una consejería. Algo así como el ejercito de Doroteo Arango (Pancho Villa): en cada momento, cada cual se arrima a la sombra que mejor cobijo proporciona.