No al integrismo islámico

ENTENDEREMOS que los actuales flujos migratorios se originan en una insultante desigualdad del reparto de la riqueza en el mundo. Somos totalmente partidarios de abrir nuevas cauces des diálogo con naciones menos favorecidas que nosotros para establecer relaciones comerciales justas, prescindiendo de los intereses de las grandes empresas transnacionales que tanto perjudican a las naciones pobres y tanto interfieren en la política de las naciones ricas. Entenderemos absurdo dejar entrar a miles de musulmanes en nuestra patria para luego alinearnos con los Estados Unidos en la agresión imperialista a naciones musulmanas. Proponemos algo tan sencillo y de sentido común como lo contrario: no permitir la entrada de inmigrantes musulmanes en España y en cambio, colaborar con los países árabes para defender su integridad de la permanente amenaza sionista y americana que padecen endémicamente. Mientras tanto, estableceremos una moratoria de inmigración cero hasta reducir el porcentaje de población inmigrante al 2%. Para ello se pondrá en marcha un plan de contención y de la expulsión de ilegales. Después, regularemos el estatus de los inmigrantes por cuotas ajustadas a las necesidades concretas de nuestra economía por sectores productivos, y por periodos ajustados a cada sector. En ningún caso se concederá a los trabajadores inmigrantes el derecho al reagrupamiento familiar, ni el derecho al voto. La nacionalidad española sólo se concederá a los hijos de los españoles y en ningún caso, ni aunque se hallen en España legalmente, a los inmigrantes. Igualmente, sancionaremos con dureza a los empresarios que se presten al tráfico de inmigrantes ilegales. Seremos especialmente intransigentes con el proselitismo de regiones extrañas a nuestra cultura y que en sus países de origen reprimen el cristianismo. La Falange, nunca adoptaría estas medidas, sin antes someterlas a un referéndum. La creciente inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones de los españoles. Todos los profesionales de la seguridad en el ámbito público y privado coinciden en señalar a la inmigración como el principal causante del alarmante aumento de los delitos contra la integridad de las personas y contra la propiedad. Nuestro Código Penal actual está obsoleto, por cuanto data de 1995, fecha en la que apenas había inmigrantes en nuestro solar patrio. Modificaremos el Código Penal aumentando considerablemente las penas para los delitos que la población inmigrante ha convertido en causa de alarma social creciente, es decir, los delitos contra personas y contra la propiedad. Estableceremos además, para los delitos cometidos con violencia, el agravante de inmigración, de manera que cualquier delito cometido por un inmigrante contra un español será castigado con una pena de prisión igual a la que prescriba la ley para el mismo caso entre españoles más su mitad superior. Si la pena fuese inferior a tres años de prisión, se procederá siempre a la expulsión inmediata del deli ncuente. Aceleraremos los trámites de expulsión de los inmigrantes ilegales y una vez iniciados, no los interrumpirá la comisión de pequeños delitos. Por las razones antes expuestas, endureceremos la legislación de delitos de menores, por cuanto nunca se pensó para los actuales menores delincuentes, que en casi totalidad no son españoles. Los actuales Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas destinan ingentes cantidades de dinero a sueldos de cargos públicos, asesores y amigos que no reportan absolutamente ningún beneficio a la sociedad. Proponemos desviar estos fondos desperdiciados hacia fines sociales. El primero de ellos será el de facilitar a las madres casadas religiosa o civilmente que lo soliciten y siempre que no sobrepasen ciertos niveles de renta, 600 euros mensuales por hijo hasta la mayoría de edad del último hijo. De esa forma en un mundo tan materialista desgraciadamente, se dará una dignidad económica a la profesión hoy tan desprestigiada de «ama de casa». Este sueldo, en caso de separación o divorcio iría a quien el juez otorgara la custodia de los hijos. Entenderemos que es mejor destinar los fondos públicos a fomentar la natalidad de los españoles que a subvencionar a los inmigrantes, a oenegés de dudosa finalidad, o a pagar salarios astronómicos a funcionarios nombrados a dedo por políticos del sistema. Hay dinero para hacerlo. Es sólo cuestión de prioridades. Respetaremos las inclinaciones sexuales de las personas individualmente consideradas. Cada cual es libre de orientar su vida sexual según le venga en gana dentro de los límites racionales del decoro y la buena educación. Sin embargo, entenderemos que el Estado sólo debe reconocer derechos de los que se deriven subvenciones o bonificaciones fiscales a las parejas de distinto sexo casadas religiosamente o civilmente casadas. Por la misma razón, entenderemos que la institución del matrimonio no debe ser aplicable a parejas del mismo sexo, ni por supuesto se les debe reconocer el derecho a la adopción, ni a la fecundación artificial.