La Ley contra la violencia de género, una opinión discrepante

ESTE año entra en vigor la llamada Ley contra la violencia de género, ley aprobada por la inmensa mayoría del Parlamento español. Esta ley consagra dos principios importantes: 1. La discriminación negativa y la criminalización de los hombres como género. 2. El atentado a la libertad de expresión que supone la amenaza de denuncia o querella penal contra todos aquéllos que determinados grupos de presión feministas consideren homófobos. Dejando a un lado la falta de valentía de los diputados españoles que anteponen sus ansias de votos a la discrepancia y a la defensa de la libertad y los principios constitucionales y la evidente influencia -en este caso decisiva influencia de los grupos feministas- de grupos de presión que hacen leyes a su particular medida, hay que señalar que esta ley no va a evitar sino que va a aumentar la violencia conyugal -el año pasado murieron más mujeres que nunca y nada más y nada menos que 46 hombres, también más que nunca-. Sólo servirá de «pasto para las feministas», como señaló en su día el sociólogo Amando de Miguel, en cuanto que proporciona armamento suficiente para la particular cruzada en que ha decaído el feminismo actual. Toda discriminación positiva entraña, a su vez, una discriminación negativa. Así, esta ley criminaliza a los hombres, a todos nosotros, como género. Se pena más por ser hombre, por pertenecer al género masculino. El derecho penal vuelve de este modo a la senda trazada por los totalitarismos donde determinados grupos -socialmente acorralados: gitanos, judios, intocables... etcétera- tienen mayor pena que otros sólo por pertenecer a una categoría, raza, religión o, en el caso español, sexo. Toma, de esta manera, nuestro país un nuevo camino en el Derecho penal español, el del derecho penal de autor, en el que la pena no va en función del delito cometido sino que va en función del autor, de su sexo. Si una mujer maltrata, pega o araña es una falta, si el que lo hace es un hombre, es un delito. Se argumenta por algún padre de la patria -Peces Barba en concreto- que eso mismo ocurre en los delitos de terrorismo, pero este argumento es falso. Sus propios colegas de la Universidad Carlos III le han recordado en un interesante artículo que en el terrorismo no se distingue si el terrorista es hombre o mujer, católico o,musulmán, viejo o joven; en los delitos de terrorismo se pena por la especial gravedad del delito. De nuevo, falta de valentía intelectual, sometimiento a los mismos grupos de presión, argumentario para justificar la violación de los derechos humanos de los hombres en España. El segundo principio -atentado a la libertad de expresión- es, si cabe, más grave. Lo ha denunciado el presidente de la organización Reporteros sin Fronteras, desde París, en un artículo recientemente publicado. Con esta ley en la mano, cualquier persona que contradiga la opinión de estos grupos de presión se arriesga a la denuncia o a la querella por homófobo. Las tendencias totalitarias en que ha devenido el femenismo actual -conocido ya por hembrismo- no es algo nuevo. Hunde sus raíces en los movimientos puritanos de Norteamérica en que legiones de mujeres antialcohol promovieron la promulgación de la famosa ley seca que, a la postre y hasta su derogación, sentó las bases para el nacimiento, crecimiento y consolidación de las infraestructuras del crimen organizado en los Estados Unidos. En España es obligatorio recordar lo que fueron las famosas denuncias de las beatas , ante el Tribunal de la Santa Inquisición. Mujeres que se dedicaban a espiar a todos aquéllos que pudieran haber incurrido en herejía para denunciarlos posteriormente. Así ocurrió en su día con la beata Francisca Hernández y las denuncias contra los luteranos y así sucumbieron entre otros el gran hebraísta Martínez de Cantalapiedra, Fray Luis de León, Gaspar de Grajal, el catedrático alcalaíno Vergara, Bernardino de Tovar, Juan de Valdés... Una lista inacabable de personajes que se opusieron al totalitarismo y que se atrevieron a discrepar de la beatería dominante. La nueva ley establece mecanismos para favorecer esas denuncias inquisitoriales, esa vigilancia de todas las opiniones que se consideren homófobas. Hay ejemplos suficientes en el día a día de España que justifican la alarma: el caso del imán de Fuengirola es de los más llamativos, no por dar crédito a su particular y humillante visión de la mujer, sino por la rabia con la que fue combatido, la saña por verlo condenado a toda costa aún a riesgo de no respetar ni sus derechos ni las propias decisiones de los jueces que lo dejaron en libertad. Las opiniones se combaten con otras opiniones, no se atajan por las buenas con el Derecho Penal. A éste sólo se recurre en última instancia (hay que recordar en este punto el principio de intervención mínima) en una verdadera democracia.