El Supremo tiene la última palabra

HAY COMO un clamor mediático. Televisiones, emisoras de radio y periódicos escudriñan en la posibilidad de un fallo judicial sobre el homicidio que se produjo en León, paseo de Papalaguinda, en los últimos días de septiembre del 96, cuando ya las hojas comienzan a dorar su verdor. Murió un ciudadano francés -o leonés residente en Francia- que se alojaba en una caravana y era amante del ciclismo. El juicio se celebró en el 99. El joven Raúl Herrero fue condenado por un delito de homicidio y por otro de robo en grado de tentativa a un total de trece años de cárcel. Lleva ocho entre rejas. El joven iba acompañado de una muchacha a la que le cayó un año de prisión por tentativa de robo. Hasta aquí la síntesis. Pero es necesaria una amplificación. O mejor dicho, matar el rumor, que jamás es antesala de la noticia. A Raúl Herrero le condenó un jurado popular. Presidió el tribunal el, por entonces, presidente de la Audiencia Provincial y magistrado José Rodríguez Quirós, quien no deja de dar tanza a los medios informativos. Es de agradecer, aun a riesgo de convertirse en estrella invitada de programas de reality show . En el proceso se cumplieron todos los trámites legales. Y el veredicto del jurado fue de siete votos declarando culpables y dos proclamando su inocencia. A la vista de las pruebas practicadas en la instrucción sumarial y en el acto del juicio, el presidente entendía que, tal vez, estaba ante una decisión «shaekesperiana». O sea, ante el principio jurídico de «in dubio pro reo» y dictar sentencia absolutoria. Como decía un viejo profesor de la Escuela Jurídica, «es mejor absolver a cincuenta culpables que condenar a un inocente». Por otro lado, y en lo relativo al tribunal del jurado, ya lo he escrito alguna vez: si un día me sientan en el banquillo, por Dios, que me juzgue un profesional. Lo cierto es que el juzgado popular dictó un veredicto que vincula al presidente del tribunal. No tiene más remedio que rubricar la sentencia condenatoria. Sentencia que se apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y éste confirmó íntegramente. Mal le debió quedar el cuerpo y la conciencia a Rodríguez Quirós, magistrado entero, honesto, de sentido común y limpio. Optó por dirigir un oficio al comisario jefe de policía. Y se abrió una nueva investigación. Esta fue la conclusión: pudo ser otro el autor del homicidio. El padre del muchado, que no ha dejado de remover Roma con Santiago, visitó en Francia a la viuda de la víctima. Ésta reconoció ante notario, al mostrarle la foto de su hijo: Me he podido equivocar o, más rotundamente, me he equivocado. No lo he podido contrastar la precisión. Con todos esos lazos trenzados, la familia plantea el recurso de revisión contra la sentencia firme condenatoria. Recurso que debe resolverse en el Tribunal Supremo. Será este tribunal el que pueda estimarlo y anular la sentencia, acordando la absolución y libertad de Raúl Herrero y, en su caso, abrir el proceso contra el verdadero culpable. ¿Y quién es el verdadero culpable?. Sólo Dios y la policía tienen la respuesta. Al parecer, la policía sospecha con fundamentos. No son suficientes sin pruebas claras. Es la base de sustentación de la familia de Raúl Herrero para plantear el recurso de revisión ante el Supremo.