Subvenciones y compra de voluntades

HEMOS RECONOCIDO en no pocas ocasiones la transparencia que ha tenido la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, con el consejero José Valín a la cabeza, para otorgar las ayudas públicas a las organizaciones agrarias legalmente constituidas. Esta transparencia se ha producido sobre todo a partir de las primeras elecciones a cámaras agrarias celebradas en mayo de 1997, que han servido para otorgar tanto ayudas públicas como reconocimiento en la interlocución en función de los resultados electorales. Imposible más transparencia e imposible un procedimiento más democrático. Es de agradecer este acierto del consejero José Valín, que ha contribuido durante varios años al fortalecimiento de las organizaciones agrarias, a su independencia. Algo que nunca ha ocurrido con respecto al Ministerio de Agricultura, ni en la etapa socialista ni en la del PP, y mucho menos en esta etapa actual, en la que Moraleda ha vuelto a poner en práctica las peores artes de la era de Carlos Romero, repartiendo a los amigos y negando el pan y la sal a quienes no comulguen con los postulados gubernamentales. Claro ejemplo lo sucedido con el convenio para informar y tramitar las ayudas al gasóleo agrícola. No creo que a estas alturas de la democracia, y a punto de ratificar una Constitución europea, sea necesario justificar ante la sociedad ni ante nadie el papel de organizaciones que representan intereses socioeconómicos como son las Opas en general y Asaja en particular. No creo que haya que justificar el derecho a recibir ayudas públicas por defender un sector como el agrario y prestar servicios a una de las clases sociales más desfavorecidas del país. Otra cosa es que haya que tener transparencia y que el dinero público se destine al noble fin para el que se concede. Cuando pensábamos que en Castilla y León teníamos un modelo de financiación de las Opas que bien podría servir de ejemplo para el resto de España, nos encontramos con un giro radical de la Consejería de Agricultura. No sabemos si se ha producido a raíz de la crisis de la Coag, o quizás responda a intereses de Gobierno, pero lo cierto es que el consejero se quiere reservar una buena parte de los fondos que se venían destinando a financiar actividades de las Opas, para repartirlo a su criterio. Y en esto, el criterio del político es el de repartir a los que se portan bien, a los que aplauden, a los bien mandados, a los que ríen las gracias. Es un arma que ha demostrado ser muy eficaz para perpetuarse en el poder evitando las críticas, y al parecer el equipo de la consejería, que noblemente había prescindido de ella en años anteriores, por lo que sea ahora quiere empuñarla. ¡Pues no van a ser menos que Moraleda! Exigimos que la Junta retire tanto el borrador de orden que regularía la asignación de las ayudas a las Opas en Castilla y León, como el que regularía los cursos de formación. Exigimos que sigan siendo las urnas las que determinen la representatividad del campo de la región, y no el criterio de los políticos, y exigimos que se nos trate con el respeto y la consideración que como representantes del sector agrario merecemos. Bien está que hayan domesticado a la Unión Regional de Cooperativas basándose en ayudas a raudales y prebendas, confesables unas y quizás no tanto otras. Pero querer domesticar a las organizaciones agrarias, a todas, es un despropósito que Asaja no va a consentir, y que sería bueno que no consintiesen los demás, y lo decimos convencidos de que una organización agraria, si no practica la independencia política y económica, hace más daño que beneficio al campo. Cuando tenemos tantos problemas en la agricultura y la ganadería, parece fuera de lugar pelear por unas subvenciones, tanto por su cuantía como por la forma de percibirlas. Pero lo cierto es que si no garantizamos la independencia y buen funcionamiento de las organizaciones agrarias, los problemas del campo no tendrán nunca solución, pues no habrá quienes los denuncien y luchen por mejorar la situación. Por eso, inmersos en una campaña PAC que es un desastre, inmersos en una nueva campaña remolachera en la que se nos ataca desde Bruselas y desde la industria azucarera, las cuestiones internas de las Opas, y las relaciones de éstas con la Consejería, no son tema baladí. Es un tema del máximo interés para los agricultores y ganaderos, y como tal hay que tratarlo.