Escuela concertada y escuela pública

EN RELACIÓN a un reportaje publicado en la sección de A Fondo el pasado día 12 de febrero, desearía expresar mi opinión. Es cierto que vivimos en una sociedad plural y que ambas enseñanzas, concertada y pública, «deben coexistir», como garantiza el artículo 27 de nuestra Constitución. No estoy tan de acuerdo en muchas otras cosas que, tanto don Manuel Belinchón, copropietario del Colegio Leonés como doña Isabel Bazo, presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), manifiestan en el citado reportaje. En principio, se comparan realidades muy distintas y, eso, usado con intenciones torticeras, puede inducir a engaño al amable lector ajeno al tema. Para rebajar un poco el tono de ambos -unas veces triunfalista, otras victimista (ella denuncia las zancadillas que sufre la enseñanza concertada en las comunidades gobernadas por el PSOE)- nada mejor que echar mano de la hemeroteca: El 18 de diciembre de 2002, el Diario de León publica una carta titulada: «Pucherazo» en el Leonés. El firmante, una padre de un alumno que asistía a ese centro concertado en la calle Corredera denuncia la «tropelía cometida» en la renovación parcial de los consejos escolares de los centros docentes no universitarios, «ya que sólo votaron 7 de los 756 electores censados», «un 99% de abstención» debida a que los responsables «ni avisaron, ni publicaron los anuncios preceptivos». Señor Belinchón, ¿es éste el modelo democrático que usted promueve para su centro? Javier María Ampudia Alonso, del sindicato CSIF de León -organización sindical nada afín al PSOE, por cierto- publicó en Diario de León una demoledora Tribuna el día 4 de junio de 2003, titulada El mercado de la Educación , título muy expresivo ya de por sí, en la que aporta datos muy precisos sobre el número de centros concertados en nuestra provincia, resalta la infracción sistemática de la normativa vigente en materia de conciertos por la mayoría de ellos en lo que se refiere a ratios, escolarización de minorías étnicas y alumnado inmigrante, contratación del profesorado (seleccionándolo en función de un ideario), etcétera, y concluye el artículo denunciando el derroche de la Consejería de Educación que emplea el dinero de los contribuyentes en «23 unidades concertadas con un número ínfimo de alumnos». ¿Es éste el modélico patrón de gestión transparente, honesta y eficaz que defiende la señora Bazo cuando manifiesta que la unidad concertada sale sensiblemente más barata que la pública? Por fin, una carta titulada «Violencia en la escuela», pub licada en Diario de León a últimos de noviembre o primeros de diciembre de 2001, relata el calvario del un profesor del colegio concertado Maristas San José de nuestra ciudad, apaleado por un encapuchado que irrumpió en el aula de 3º de ESO, donde el citado docente daba clase, sufriendo además la burla de algunos de sus alumnos. La dirección del centro desatendió la asistencia médica de la víctima, restó importancia a los hechos y, al final de curso, despidió al profesor. ¿Es así como trata a su profesorado la escuela concertada? No pretendo entrar en guerras entre escuela concertada y pública. Pero ¡por favor! señores patrones de la privada: basta de mentiras, de victimismos, de faroles... No me resisto, sin embargo, a proporcionar datos que considero ciertos y probados: la escuela concertada escolariza una mínima parte del alumnado inmigrante y de etnia gitana; la escuela concertada, aparte de la subvención que recibe de la Consejería, cobra extras a sus alumnos; la escuela concertada rebota a los alumnos que le conviene a la escuela pública, y según el último informe PISA, cuestionario aplicado a los países pertenecientes a la OCDE, no hay -en cuanto a resultados académicos- diferencias significativas entre escuela pública y privada. Tampoco me parece adecuado ese tono despectivo de «funcionarios» que nos atribuye a los docentes de la Escuela Pública el señor Belinchón porque no me considero un funcionario en ese sentido peyorativo; ni tampoco creo que lo merezcan la mayoría de los compañeros y compañeras de profesión que conozco: profesionales abnegados, que se entregan con entusiasmo a su labor cotidiana, a pesar de las dificultades. Creo, en definitiva, que, en una sociedad plural, ambas redes (pública y privada) son necesarias para satisfacer la demanda de los ciudadanos. Y lo que se debe hacer es potenciar la calidad educativa en ambas, pues en ello nos va el futuro. Miremos a Polonia, por ejemplo, que, con menos recursos invertidos en educación que España, ha obtenido mejores resultados. ¿Por qué ese país ha mejorado tanto con respecto al anterior informe PISA? He ahí un buen principio de reflexión para todos los agentes implicados en la educación de nuestro país.