Mafias, ciudadanos y un partido político

SI NUESTRO país fuera Estados Unidos, ya estaría haciendo una serie para televisión titulada, más o menos, «Marbella vice», «Corrupción en Marbella». Impresiona ver cómo en una localidad media, por muy capital turística que sea, se puede haber dado cita tal cantidad de elementos mafiosos. La falta de escrúpulos en el beneficio criminal parece haber salpicado a sectores honorables, como la abogacía y el casi sacrosanto mundo de los fedatarios públicos, que son los notarios. Y hay que mantener abierta la expectación: el Fiscal General del Estado acaba de decir que lo conocido hasta ahora sólo es la punta del iceberg. «Lo peor, -anunció-, está por llegar». Un golpe policial saca de las entrañas de un paraíso turístico lo más podrido de este tiempo: una trama de la peor delincuencia, que ha blanqueado dinero en inmensas cantidades, ha traficado con armas y drogas y ha cometido los delitos más execrables, desde la prostitución forzada hasta el secuestro y el crimen. El Fiscal Antimafia nombrado en el pasado mes de diciembre ha tardado menos de tres meses en sacar a la superficie la podredumbre de unas organizaciones cuyo alcance es por ahora imprevisible, y cuyo poder real -ejercido a través de las armas o por medio del soborno- no podemos ni imaginar. Jesús Gil ha limpiado Marbella de pequeños «chorizos». Su lugar ha sido ocupado rápidamente, ante los ojos de todos, por la delincuencia organizada a nivel mundial. Por eso sorprende que el Partido Popular de Málaga haya protestado por los términos utilizados por el Ministerio del Interior en algunas informaciones sobre la operación «Ballena blanca»: los ha calificado como «alarmistas» e «irresponsables». Puede tener razón, en la medida en que esas informaciones hablen de la proliferación de mafias y generalicen sus acciones, como si toda la Costa del Sol estuviera implicada. Pero sospecho que también muestran una inquietud: que el descubrimiento de estas bandas de delincuentes desbaraten el tinglado económico que allí se ha montado. Si fuese así, sería muy lamentable. Pero el PP de Málaga debe entender también que, por sostener un nivel de beneficio y bienestar, no se puede ser tolerante con la delincuencia organizada. Y no se puede ser tolerante ni siquiera en las palabras. Conde-Pumpido hablaba ayer de «la invasión silenciosa de las mafias». Si hay la menor tolerancia ante ella; si, por no hacer daño a otros intereses legítimos, aplicamos la autocensura verbal, terminaremos en la indulgencia. Acabaremos elevando al mafioso a la categoría de garante del bienestar y la prosperidad. Y este país acabará siendo ocupado y dominado por estos nuevos padrinos que pensábamos que venían a España a disfrutar de nuestro sol.