No más concesiones a los nacionalistas

LA PREMISA, de la que parte la Constitución para abordar la organización territorial del estado, se basa en que a nadie se le va a obligar a constituirse en comunidad autónoma, de manera que sólo se crearán en aquellos territorios que lo consideren oportuno, por lo que se acepta, como posible, la convivencia de provincias y comunidades autónomas, pero este principio dispositivo es una falacia, y se vuelve en imposición desde el momento en que los constituyentes deciden introducir un precepto en el que se establece que las Cortes Generales pueden decidir por los ciudadanos, obligando a los territorios a constituirse en comunidades autónomas, lo que significa que la decisión de los titulares de la soberanía popular, representados por los miembros de las corporaciones locales, negándose a constituirse en región puede ser rechazada por las Cortes, por lo que el constituyente está apostando claramente por el estado regional, minusvalorando a los ciudadanos, en cuanto a su capacidad para decidir lo que es mejor para ellos, y considerándolos como si fueran unos menores de edad, lo que es un desprecio inconcebible, ya que dentro de un estado democrático, como el que se quería crear, es en el pueblo y no en el político donde reside la soberanía. La Constitución no propugna la igualdad de todos los ciudadanos, en cuanto al acceso a la autonomía, ya que otorga un privilegio importante al País Vasco, Cataluña y Galicia sobre el resto de los territorios, dado que simplemente por haber plebiscitado en el pasado un Estatuto de Autonomía, ya podían constituirse en comunidades autónomas sin ningún otro requisito. Y además accedían, desde el primer momento, a poder ejercer el máximo de competencias que la Constitución otorga a las regiones, mientras que los demás territorios que quisieran poder ejercer la totalidad de las competencias tenían que cumplir unos rigurosísimos requisitos que incluían un referéndum. Esta concesión, conseguida por los nacionalistas, lleva a una gran incoherencia, ya que si los políticos nacionalistas estaban tan seguros de que aglutinaban el sentir de los ciudadanos y de que comulgaban con su ideología y, dado que siempre están reivindicando que su pueblo tiene que poder decidir sus designios libremente, no es comprensible que ellos mismos suplanten la capacidad de decisión autónoma y libre de los ciudadanos, al decidir por ellos la constitución de la comunidad autónoma. ¿Es que no estaban tan seguros de que su pueblo quisiera lo mismo que ellos?. Por tanto, que no estén todo el día diciendo que España no deja decidir a sus pueblos porque ellos mismos se lo negaron. La prueba de que la España regional es un «invento» que no era demandado por la mayoría de los ciudadanos es, no sólo que históricamente España ha sido un estado centralizado, (lo que demuestra que los españoles no han tenido otras inquietudes de configurarse territorialmente de otro modo), sino, sobre todo, el hecho de que todas la comunidades autónomas que se configuraron, a excepción de Galicia, Cataluña, el País Vasco y Andalucía, lo hicieron por un procedimiento que sólo les otorgaba unas mínimas competencias, lo cual significa que no había en sus ciudadanos ese ansia descomunal de poder político, como había en esos otros lugares; de lo contrario, habrían accedido por otra vía que les hubiera dado el máximo techo competencial. Esto ratifica la idea de que, si en España hoy hay diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, es por culpa de los nacionalistas, por lo que se puede decir que se impuso una minoría frente al sentir generalizado del resto de los españoles. Los nacionalistas exprimieron al máximo el texto constituyente para poder conseguir un elevado grado de descentralización política de forma inmediata, superior incluso a la autonomía de los Länder en Alemania a costa de empequeñecer el Estado, pero no les es suficiente pues son los eternamente insatisfechos ya que, por más que les vayas dando y concediendo, siempre es poco y, claro, ahora quieren más y lo que quieren es romper la unidad nacional y convertir España en unos reinos taifas. Los vascos nos vienen con su Plan Ibarretxe y los catalanes con su reforma del estatuto, pero todo lo que en verdad quieren no tiene ningún soporte legal en el que apoyarse, ni dentro del ordenamiento jurídico español, ni dentro del ordenamiento internacional. Por más que una mentira se repita cientos de veces no se convierte en verdad y me refiero al mil veces demandado derecho de autodeterminación de sus pueblos. En España la soberanía reside en todo el pueblo español y no en una parte del mismo, por lo que ellos solos no pueden decidir si se independizan de España o no, ya que somos todos los españoles los que lo decidimos. En el ámbito internacional, tampoco tienen cabida sus reivindicaciones porque en la Resolución de Naciones Unidas 2625, de 1970, se apuesta decidida y firmemente por la integridad territorial de los estados frente a los movimientos independentistas de pueblos que los integren, siempre que el Estado respete, proteja y garantice su propia identidad cultural, histórica, lingüística y les otorgue la posibilidad de tener representantes en los órganos que personifican la soberanía popular, todo estas condiciones las cumple sobradamente el estado español. Por lo tanto, que dejen de engañar a los ciudadanos con sus exigencias, vacías de contenido jurídico porque lo único que hacen es aumentar la crispación, al dar una imagen de víctimas, dando a entender que son un pueblo oprimido por el Estado español.