Órdenes de protección

«SI TE PEGA, no te quiere», recuerdo que decía el eslogan de una de las primeras campañas contra la violencia de género que se pusieron en marcha en este país hace unos años. Hoy habría que añadir, «si te amenaza, si te menosprecia, si no te respeta, tampoco», porque los casos de maltrato verbal y psicológico, que no ocupan el mismo espacio en los periódicos porque no hay sangre de por medio y son más difíciles de denunciar, -y también hay que decirlo, de contrastar si son de verdad o sólo una forma de venganza contra la pareja- están detrás de la mayoría de las solicitudes de protección que se tramitan en los juzgados de Ponferrada. Los magistrados que trabajan en la capital berciana han visto ya muchos casos de violencia, más verbal que física afortunadamente, contra la mujer. Y al paso que van, acabarán por convertirse en los mayores expertos en el tema de toda Castilla y León, porque según las estimaciones difundidas días atrás por el juez Óscar Hernáiz, vienen recibiendo una denuncia diaria y en los últimos seis meses, han pasado por las manos de estos magistrados la mitad de las algo más de cuatrocientas órdenes de protección solicitadas en toda la autonomía. El dato es escalofriante, así que lo voy a escribir de nuevo, por si alguien piensa que lo ha leído mal; la mitad de las órdenes de protección solicitadas en toda Castilla y León se tramitan en los juzgados de Ponferrada. Hay quien piensa que la legislación es hoy demasiado escrupulosa y expresiones que en otro tiempo se pasaban por alto dentro del calor de una discusión sirven para presentar denuncias por mal trato que tienen una consecuencia penal, pero que podrían solucionarse de forma amistosa después del calentón verbal. Por la boca muere el pez, también se podría decir. Pero todo eso no sirve para explicar lo que pasa en el Bierzo y Laciana. Algo está fallando, para que un partido judicial con 150.000 habitantes acapare la mitad de las órdenes de protección que se solicitan en toda una comunidad autónoma donde viven del orden de cuatro millones de personas. Y algo habría que hacer para atajarlo. Con urgencia. Si como opina el juez Hernáiz, el aumento de prejubilados jóvenes que trae la reconversión minera está siendo una circunstancia que influye en las crisis de pareja por estos lares, tanto como la falta de madurez de las relaciones, habría que preguntarse por qué razón las instituciones no han reaccionando y dedican esfuerzos a prevenir el problema en un lugar donde se concentran tantos casos. Será verdad que hay que ofrecer alternativas a los bares, donde el tópico parece condenar a pasar el tiempo al minero desocupado (y eso significa invertir en infraestructuras, servicios, ocio...), y sobre todo, aunque para algunos ya sea tarde, habrá que mejorar nuestro sistema educativo y promover los valores del respeto al prójimo desde la escuela, que de ése déficit, me temo, parte todo. No soy sociólogo, pero conocido un dato tan negro, más de un experto debería acercarse al Bierzo para estudiar las pautas de comportamiento de nuestra sociedad. Y averiguar por qué hemos llegado a encabezar una estadística tan lamentable.