El dinero público

LA IRRUPCIÓN de los especuladores se convierte en intrascendente cuando se apoya por los actores de la política que anidan en el poder de las instituciones públicas y se convierten en informadores, protectores y cómplices de los mal llamados empresarios; mal llamados porque no son otra cosa que astutos especialistas en hacer negocios fáciles, rápidos y seguros a cuenta de los presupuestos de las instituciones públicas. La historia se repite y retorna a lo mismo: a la corrupción continua a costa del dinero público que pagamos los ciudadanos. Como los corruptos y los corruptores no son perfectos, algunas veces se les escapa el control y se demuestra que la corrupción existe y lo que no deberíamos aceptar, es que los partidos se financien con ella con frecuencia. Hay varias formas, pero la más frecuente es dar información y ajustar los pliegos de condiciones a la medida del amigo y a cambio recibir la recompensa pactada. Otra, es hacer una oferta excesiva para entrar y después, con el apoyo de los cómplices, hacer la obra o el servicio con baja calidad; o modificar el proyecto después de la adjudicación y revisar el precio. Siempre viene un salvador, que en realidad no viene a salvar a los trabajadores, viene a hacerse cargo del nuevo botín. Ya está bien de utilizar los puestos de trabajo para hacer negocios subvencionados con el dinero que los ciudadanos pagamos para disponer de servicios públicos de calidad. Hablando de salvadores, conviene recordar el ruido que metió el señor Majo, presidente del Consorcio, y todo el grupo del PP cuando vino Lagun Air a León, con una subvención de 8,4 millones de euros de nuestro dinero. En aquel momento estaba operando con normalidad Air Nostrum, con una subvención, que le fue retirada por un concurso hecho a medida de la empresa amiga. En aquellos meses de banales acusaciones, los socialistas dijeron lo que era verdad: que el pliego de condiciones se había ajustado al perfil de Lagun Air, pero que, en aquellos momentos, no habían dicho nada para no perjudicar. Es inaceptable esta complicidad. En la llamada «nueva Lagun Air» se dijo que había mediado Zapatero. Si fue así, no parece muy impertinente, porque ni el presidente del Gobierno ni de la Junta están para mediar en cosas de esa naturaleza que debe arreglar el mercado. Va más allá de la ética que los actores políticos de ese grupo -que forma también parte de Consorcio- pidan que se sumen la Cámara, la Caja y el Estado. ¿A qué se tienen que sumar? ¿A aportar dinero para que lo ganen los propietarios de una empresa? El presidente, Santos Llamas, dijo: «vamos a ser muy rentables». Bueno, pues si han hecho bien las cuentas y ya saben que van a ser muy rentables, procede que el Consorcio, no siga regalando los 8,4 millones de euros o más, que es lo que pretenden por poner en tres aviones el nombre de León. ¿Por qué tenemos que pagar esa cantidad y luego nos viene diciendo el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León que no pone el servicio médico en las ambulancias porque no es rentable o desde la Diputación no se atiende los servicios rurales? Hablo de un caso grave -supongo que el señor Herrera, presidente de la Junta, y el señor García Prieto, presidente de la Diputación Provincial, lo conocerán- como es el de personas, generalmente mayores, que van a diálisis y están condenadas a hacer itinerarios similares al siguiente: el primero espera, sin hora exacta, que lo recojan, a eso de las siete y media de la mañana, en Villabalter; el segundo, un poco después, espera en Lorenzana; el tercero en San Juan de Dios; el cuarto en Relojero de Losada. Total: una hora larga en una ambulancia dando vueltas por las calles. En el retorno se repite lo mismo: los últimos pueden tardar una hora y media desde que salen del hospital hasta que llegan a casa a comer. La sanidad nunca ha sido prioritaria para determinados gobiernos y los 27 años de democracia, por falta de voluntad de los sucesivos gobiernos, no se ha resuelto el problema; todo lo contrario: hace unos diez años que anda racaneando e intentado debilitar la sanidad pública en beneficio de la sanidad privada. Conviene recordar también la manifestación de las personas de la montaña oriental para pedir personal médico en las ambulancias. A cambio reciben el silencio del presidente de la Junta y de su consejero de Sanidad. Aquí se llenan mucho la boca los que mandan hablando de «Constitución y de Estado de Derecho» pero la Constitución no se cumple. El artículo 43.1 habla con mucha claridad del «derecho a la protección de la salud». En teoría se reconoce, pero en la práctica hay demasiadas deficiencias. Se dice que vivimos en un «Estado de Derecho» tampoco se aplica la incompatibilidad de unos cuantos médicos que trabajan poco en los hospitales públicos y mucho en los privados, generando a su vez el descontento de los que sólo trabajan en la sanidad pública. Parece que el consejero habla de rentabilidad y no pone personal sanitario, porque no es rentable. Seguramente: lo menos rentable es pagar un gran sueldo y gastos de representación a quien piensa así. Si tenemos constitucionalmente derecho a la salud y la pagamos, por qué nos niegan el derecho pleno. Lo que no entiendo es por qué no se manifiestan en toda la provincia. Las manifestaciones para que surtan efecto tienen que pedir dimisiones, ser intensivas y persistentes. Manifestarse una sola vez no produce efectos. En León, todo el suelo se destina a hacer casas. Es reciente la publicación, el Colegio de Arquitectos publicó un libro en el que decía que León en los últimos años urbanísticamente había crecido mal. Y esto ocurre porque el crecimiento urbano se dicta desde fuera en complicidad con los de dentro que lo hacen posible. Menos mal que por presión de algunos ciudadanos sensibles obligaron al Ayuntamiento a dar marcha atrás en el monte de San Isidro. Pero los depredadores no paran, ya tienen previsto recalificar el suelo de las vías del tren para construir unas 3.100 viviendas. Tres mil cien viviendas, a una media de tres personas por vivienda, se aproximan 10.000 personas, tantos habitantes como tiene Astorga. ¿No les parece, queridos ciudadanos, que a este paso vamos a sufrir unos atascos terribles? Paremos a esta gente. Ese suelo debe quedar para parques o equipamientos públicos, cuando proceda. Con este método de construir aceleradamente, los hijos no van a tener ni un metro de suelo, pero sí tendrán que soportar los atascos para moverse por la ciudad. Dentro de cuatro días habrá más personas en los municipios periféricos que en León capital. Es lamentable, en fin, que desarrollos urbanísticos nefastos se presenten como algo bueno, y la gente no se pare a pensar que nos están obligando a respirar aire contaminado, a soportar ruidos y a sufrir atascos, y todo por dinero para unos poquitos.