El superfiscal

ESPAÑA tiene abundantísimas leyes dictadas para proteger el medio ambiente, incluso para conservarlo entero, pero por desgracia es muy superior el número de españoles que las incumplen. La situación está muy compensada: por un lado los reglamentos y por otro sus infractores. Jamás, ni siquiera en la Leyenda Negra, se nos atribuyó la peculiaridad de la limpieza más o menos maniática. Los árabes se fueron, excepto los que no les dio la gana y se quedaron en las islas del Guadalquivir, y los honestos caballeros cristianos se lavaban poco. Algo más, eso sí, que sus aherrojadas y fidelísimas esposas, pero de una manera intermitente. Quizá su contacto con el agua se restringía al sábado sabadete y no todas las semanas. En tiempo de Goya y aún después, las palanganas de agua sucia se arrojaban en Madrid, no sin antes avisar: «¡Agua va!». Todos los hispanistas, al tiempo que alababan algunos rasgos de nuestro carácter, nos reprocharon que tuviésemos una cierta complacencia al «convivir con nuestros desperdicios». La cosa viene de antiguo, ya digo, pero nunca es tarde para remediarla en alguna medida. El Gobierno se dispone a crear un fiscal de máximo rango para que coordine a los 1.667 agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. A ver si llega un día en el que haya menos basura en las calles y menos escombros en los cauces de los ríos. Tenemos otros valores, pero nadie nos puede negar que constituimos un país ruidoso y sucio. En las ciudades se ha impuesto el sarao cochambroso de 'el botellón' y en el campo se llevan mucho los incendios. Son dos delitos ambientales de distinta gravedad. Más fácil será habilitarles sitios más confortables a los jóvenes que la puñetera calle, que impedir que la errante sombra de Caín salga de excursión. Prohibir la recalificación del monte quemado antes de 30 años sería bueno. Aunque le desagrade a algunos concejales de urbanismo.