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León

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LOS PROFESIONALES de la medicina de Madrid -y, progresivamente, los del resto de España- están en pie de guerra por las destituciones fulminantes producidas en el hospital Severo Ochoa de Leganés, a causa de supuestas irregularidades en el tratamiento paliativo de enfermos terminales. El asunto debe ser rápidamente aclarado, primero para atajar la alarma social sembrada, pero también para restituir el honor de los afectados y devolver la serenidad a la clase médica, que, como es natural, podría esta actuando con excesivas e injustificables cautelas a la hora de combatir el dolor de los enfermos terminales. Este asunto tiene, como es evidente, fuerte carga política, pero los intereses que están en juego no lo son, y por ello mismo urgen claridades, que no pueden demorarse.

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