¡Qué papelón!

ÁNGEL VILLALBA, jefe de los socialistas de Castilla y León, garantizó que su gobierno de Madrid no tomaría ningún acuerdo en el Consejo de Ministros del día 21 que pudiera agriar el ambiente del Día de la Comunidad, previsto para el 22. Esto viene a cuento de que Zapatero, fiel a los compromisos adquiridos con ERC, va a aprobar, probablemente hoy mismo, un proyecto de ley por el que se destroza el archivo de la guerra civil de Salamanca y se mandan la mayor parte de sus fondos a Cataluña. Villalba quiere estar en los actos del día 22 y, con semejante proyecto aprobado la víspera, le iba a tocar sacar la cara por decisiones de Madrid, que dudo mucho comparta. Porque nadie que aspire a presidir esta Comunidad puede sentirse cómodo teniendo que dar por bueno semejante expolio. El gesto tiene, además, otra lectura: no puedo hacer otra cosa que retrasarlo un poco, pero la decisión está por encima de mí. Hagamos algo de historia con lo del Archivo. La reivindicación de la Generalitat no es nueva, ya se manifestó gobernando Felipe González, cuando era alcalde de Salamanca un socialista, el señor Málaga. Éste, sintiéndose ante todo alcalde, dijo que el archivo no saldría jamás de allí, aunque empleó unos términos más expresivos. Mientras gobernó Aznar, la Generalitat no pudo hacer nada. Al ser el de Salamanca un archivo de titularidad estatal, su Patronato estudió el asunto, recabó la opinión de los expertos y consideró que debía prevalecer una ley sagrada en Archivística, cual es preservar la unidad del archivo. Pero héte aquí que Zapatero y Maragall ganan las elecciones en minoría y ambos necesitan el apoyo de Esquerra Republicana, quien exige la ruptura de esa unidad y la transferencia de los fondos que lleven cualquier indicación catalana. El acuerdo se cierra, pero hay que vestir el santo. La ministra de Cultura nombra un comité de expertos que no tiene otra finalidad que elaborar un dictamen favorable al acuerdo alcanzado. Lo presidió Mayor Zaragoza porque convenía. Uno de sus miembros me confesó que no hubo votaciones y que aquello fue una encerrona. Y encima ni siquiera les condecoraron, como hicieron con los sabios de la tele. Los socialistas de Castilla y León, particularmente a los de Salamanca, hubieron de tragarse el marrón y decir: donde dije digo, digo Diego. Lo que antes era inadmisible, ahora es muy bueno y conveniente; ¿para quién?, para Salamanca no, desde luego. Para sus aspiraciones electorales, ciertamente tampoco, pero quien manda, manda. Han tenido que representar un papelón, seguro que aguantándose la contrariedad, por decirlo suavemente. La Junta, como es su obligación, anuncia una dura y larga batalla legal en todos los frentes. El asunto, por lo tanto, no está zanjado, queda mucho camino por recorrer. Al principio, la ministra pensó trasladar los fondos por orden ministerial. Probablemente, los asesores d el Ministerio le advirtieron de que actuar así era un fraude de ley, susceptible de recurso victorioso. Han preparado un proyecto de ley, que verosímilmente será aprobado, dadas las fuerzas que apoyarán la iniciativa. Villalba no ha podido hacer otra cosa que retrasarlo para tener la fiesta en paz, o sea, poner paños calientes. Lo dicho, ¡vaya papelón!