Caín también está en el Gobierno

«CIUDADES contra ciudades, comunidades contra comunidades», clamaba el editor de este periódico, Santiago Rey, el miércoles en Madrid. El diagnóstico de ese nuevo cainismo español conoció ayer un nuevo episodio. Con un agravante: es alentado por el gobierno de la nación. El Consejo de Ministros aprobó finalmente el traslado a Cataluña de parte del Archivo de Salamanca. Desde el Día de los Inocentes del 2004 en que lo anunció la ministra de Cultura, no se habían atrevido a dar ese paso. Pero un reciente recordatorio de Carod-Rovira les avivó la memoria dormida, y 507 cajas de documentos serán arrancadas del histórico archivo. Da la impresión de que este gobierno tiene más miedo a un bufido de Carod que respeto a los argumentos de una indignada ciudad de Salamanca. Para cargarse de razones ante el discutible acuerdo, el gobierno acudió al repetido truco de encargar un informe a una comisión de expertos; otro comité de sabios. Pero ese ministerio es tan torpe, que ni siquiera aprovechó el clima de opinión que creó ese informe positivo, sino que lo dejó perderse en el tiempo. Ahora sólo queda la oposición de la Junta de Castilla y León, la resistencia que se promete numantina del alcalde de Salamanca y la natural alegría de Cataluña. Tardaron cuatro meses en redactar la norma legal, y todo el proceso tardará un año. Parece que disfrutan viviendo en la controversia. Eso, por lo que se refiere a procedimiento y plazos. En cuanto al fondo, nunca habrá acuerdo. Frente a las razones históricas en que se apoya Carmen Calvo -una incautación de guerra-, se opone la seria razón técnica de ruptura de la unidad de archivo. Frente a la justicia de la reclamación de Cataluña, siempre se opondrá el efecto de contagio que se puede producir en otras comunidades y, por lo visto, en ciudadanos particulares, que pueden desembocar en una auténtica y frenética carrera de exigencias igualmente justificadas. Pero no nos engañemos: el problema es técnico, pero no sólo técnico. Es político, pero no sólo político. El problema es de sentimientos. De agravios. Lo que en Cataluña se recibe como un acto de reparación histórica, en Salamanca es una herida que se abre. Es una dignidad que se pisotea. A Salamanca no le van a quitar un tres por ciento de los papeles de su archivo. No se engañen, señoras ministra y vicepresidenta. No es un problema de porcentajes. Salamanca -bien o mal agitada por el PP, que se lanza sobre esto como sobre una presa de gran rentabilidad política- se siente víctima de un expolio. Ése es el término que se está utilizando. Y ahí está el enfrentamiento. Hay que hacer sonar otra vez la alarma: señores gobernantes, ¿es que no lo ven? Están abriendo ustedes demasiadas grietas de confrontación.