Matrimonio homosexual (o la dificultad de nadar y guardar la ropa)

HACE UNOS DÍAS, los medios de comunicación nos recordaban la tramitación de una ley de modificación del Código Civil que permitirá a las parejas homosexuales acudir al matrimonio. La noticia se viene presentando por los medios de comunicación como el logro de una conquista de la humanidad, perseguida en el tiempo, que tendrá que ocupar un lugar en la historia junto a la abolición de la esclavitud o de la discriminación legal por razón de sexos. Habrá gente mejor documentada pero hasta donde alcanza la memoria de los pobres autores de este escrito, tal reivindicación parece de ayer, y no se sabe bien si aguantará hasta mañana. Sí ha sido lucha la supresión de cualquier tipo de discriminación padecida en otros tiempos (no tan lejanos) por las personas homosexuales. Pero que dos hombres o dos mujeres se casen entre sí por el hecho de ser homosexuales, más que dar a unos lo que se les había quitado, parece que se trata de privar al matrimonio lo que toda institución necesita para su pervivencia: la identidad. El propio colectivo afectado ha tenido ocasión de manifestarse al respecto, cuando esta propuesta empezó a plantearse como iniciativa legislativa a finales del pasado año. La prensa nacional se hacía eco del sentir de la Asociación Nacional de Transexualidad Clínica. Afirmaba por este colectivo Andrés de la Portilla que «todos los estudios, estadísticas e informes internos dentro del colectivo gay señalan que la mayoría de las parejas homosexuales no se va a casar. El matrimonio no responde a las demandas ni a las necesidades del colectivo, ya que sobre todo conviven de hecho». Y en términos similares se pronunciaba Rafael Salazar, Presidente de la «Federación Colegas». Es evidente que los «colegas» lo que no quieren es ser insultados por el hecho de serlo. Pero al mismo tiempo, se presenta tozuda la realidad de las uniones homosexuales. Datos nos aporta el estudio presentado en el congreso anual de la Population Association of America (1-3 de abril de 2004), celebrado en la Universidad de Princeton, sobre el riesgo de ruptura de uniones homosexuales en países pioneros en su regulación: Suecia y Noruega. La primera conclusión obtenida es que pocos homosexuales quieren casarse: entre 1993 y 2001 se registraron en Noruega 1.293 parejas homosexuales; en cambio, hubo 190.000 matrimonios heterosexuales (7 por cada 1.000). En Suecia, entre 1995 y 2002, hubo 1.526 registros de uniones homosexuales y 280.000 matrimonios heterosexuales (5 por cada 1.000). La segunda, que el riego de ruptura y la infidelidad sexual distan una enormidad entre el matrimonio y las uniones homosexuales: la probabilidad de divorcio en las parejas de gays es un 35% más alta que la de los matrimonios, y en las de lesbianas es el triple (todo esto teniendo en cuenta que la tasa de divorcio en Suecia es olímpica: 53 divorcios por cada 100 matrimonios). Ítem más, según los recientes datos estadísticos de un amplio estudio realizado en Amsterdam entre varones homosexuales respecto a la infección por HIV; los homosexuales con una relación «estable» tienen como media 8 parejas al año, los otros tienen 22 (siendo, además la duración media de una relación «estable» es de un año y medio). En España la realidad parece que no es en modo alguno distinta. Revela el Instituto Nacional de Estadística, según datos hechos públicos en agosto de 2004, que las parejas homosexuales que conviven y se han censado suman 10.474 del total de 9.563.723 parejas, es decir, el 0,11% del total de las censadas en España. Es de suponer que los restantes miembros de ese (se supone) numeroso colectivo no están censados ya que optan por la convivencia de hecho. Y está por saber si «esa» única pareja homosexual por cada 1000 parejas heterosexuales, tiene entre sus planes acudir al matrimonio. De todo esto es fácil llegar a pensar que a los dirigentes del movimiento gay (alejados de la sensibilidad de su propio colectivo) no les interesa el matrimonio como tal, y parece que van a tener la razón quienes entienden que para ellos no es más que un instrumento de homologación social. Lo que no parece de recibo es que el desenfoque de esta reivindicación sea a costa de la identidad del matrimonio. Y es aquí donde tendría que prestarse atención a la sabiduría popular, que recuerda que no es posible nadar y guardar la ropa, o replicar las campanas y estar en la procesión. En el fondo es una cuestión de libertad personal: cada uno elige lo que quiere (y pecha con lo que elige) y de esta manera rechaza otras opciones. O voy o vuelvo, o subo o bajo. O unión homosexual, o pareja de hecho, o unión estable, o matrimonio estable. Y dar a cada uno lo suyo no es discriminación: es justicia. Nuevo talante, diálogo, humildad: éstas eran las promesas que muchos españoles (y creo que de diversas ideologías políticas) escuchábamos con esperanza del triunfante ZP en la noche electoral de hace poco más de un año. Pero al cabo de este tiempo, y por lo que al matrimonio homosexual se refiere, la actitud de nuestro presidente empieza a resultar un tanto cerril. Triste sería que al cabo de poco más de un año se pudiera decir que ZP es al matrimonio homosexual como Aznar es a Irak. Ya son demasiadas las voces autorizadas e instituciones públicas que han alertado sobre el paso que se pretende dar. En España: el Consejo General del Poder Judicial (en votación celebrada el 26 de enero de 2005) y la Real Academia Española (en fecha 20 de enero de este año) desautorizan, por razones jurídicas y lingüísticas respectivamente el matrimonio gay. La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, acudiendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, llega a la conclusión de que la extensión del matrimonio a las parejas homosexuales sería inconstitucional. Añadiendo que desde el punto de vista jurídico no puede decirse que el matrimonio sea un instrumento para dar cauce a la afectividad de las personas. No hay que recordar la postura de la Iglesia Católica al respecto. Incluso el constituido Foro de la Familia está llevando a cabo una recogida de firmas (¡más de 500.000!) para instar, como iniciativa legislativa popular, el aseguramiento del matrimonio heterosexual. Extenso, denso y razonable ha sido el dictamen emitido por el Consejo de Estado con fecha 16 de diciembre de 2004 (¡a petición del propio Gobierno!). El referido dictamen viene a decir que «el art. 32 de la Constitución sólo garantiza el derecho fundamental a contraer matrimonio a personas de distinto sexo, si bien ello no impide que el legislador pueda regular otros modelos de convivencia en pareja entre personas del mismo sexo, y les atribuya análogos derechos a los previstos en distintos ámbitos al matrimonio». Concluye de ahí el Consejo de Estado que no es discriminatorio dejar de regular un matrimonio entre personas del mismo sexo, ni desde la perspectiva de la Constitución ni desde la de las Declaraciones Internacionales de Derechos. Al final, será muy difícil saber quien ha ganado aquí y el qué. En cambio, resultará dramáticamente palmario que lo que hemos perdido es el matrimonio dentro de nuestro panorama jurídico, que galopando hacia lo indefinible acabará en la inexistencia. Será paradójico que los auténticos matrimonios acaben siendo «matrimonio de hecho», ignorados como tal por el ordenamiento. Eso sí, el exterminio será trofeo de un gobierno que no quiso escuchar mil llamadas a la prudencia. A nosotros nos quedará la tranquilidad de que claramente dijimos que «no»