La «doctrina Gallardón»

EN MADRID se ha reavivado una vieja guerra, la que enfrenta a dos números uno del PP: Esperanza Aguirre y Ruiz Gallardón. Se trata, como digo, de un viejo conflicto en que se mezcla todo: rivalidad personal, desencuentros entre la presidenta y el alcalde, lucha por la presidencia regional del partido y dos formas de entender la política y la relación con el gobierno central, en manos del adversario común, que es el PSOE. Lo bueno de esta contienda es que ambos protagonistas la hacen a cara descubierta, sin más conspiraciones ocultas que las habituales en este tipo de confrontación. Lo malo es que transmiten imagen de conflicto interno, complican la vida a Mariano Rajoy y le obligan a mantener una imparcialidad forzada, porque ambos personajes en litigio resumen bien el electorado del PP: el muy centrista y el más duramente conservador. De todo este follón, que tiene mucho de madrileño, me quedo con lo que me atrevo a llamar «doctrina Gallardón», que el alcalde usa para terciar en la historia de desamor de doña Esperanza con el gobierno Zapatero y que contiene dos principios básicos: 1) La oposición no se ejerce entre administraciones públicas. Y 2) Un gobierno autonómico está obligado a mantener relaciones fluidas con el gobierno central. Gallardón se defiende así de la acusación de que se deja utilizar por los socialistas para hacerle el vacío a la señora Aguirre. ¿Es una doctrina válida para este momento? Desde luego, Mariano Rajoy, en su declaración pública de ayer por la tarde, no la desautorizó. Pues, si es válida, el Partido Popular debiera aplicarla en algunas de las grandes cuestiones que están sobre la mesa. Debiera transmitirla a algunos de sus portavoces y terminales mediáticos para permitir, por ejemplo, que haya un diálogo fluido entre La Moncloa y el gobierno catalán, sin transmitir la sensación de que cada contacto parezca que obedece a un entreguismo del señor Zapatero a Maragall y Esquerra Republicana de Cataluña. Y debiera hacerse valer mucho más en la cuestión vasca. También el lehendakari en funciones, aunque sea nacionalista, tiene derecho a ser escuchado. Y los demás ciudadanos tenemos derecho a que entre Moncloa y Ajuria Enea haya una comunicación habitual. Hoy se entrevistan Zapatero e Ibarretxe. No es de recibo que las personas y grupos más conservadores se dediquen a descalificar el encuentro por adelantado, presentándolo poco menos que como una cesión ante el terrorismo, o -eso se ha llegado a decir-como una prolongación de la entrevista del martes con Otegi. La vía de la confrontación y la negación ya está muy ensayada, y miren dónde estamos. Mientras Ibarretxe y Zapatero se sigan hablando, por lo menos cabe la esperanza.