Bomba en Madrid

UNA ESPECIE de escalofrío negro ha sacudido la médula de Madrid. La banda etarra aparcó en el barrio de San Blas, final de la calle Alcalá, su furgoneta de destrucción. No hubo muertos, pero sí cuantiosos daños y medio centenar de heridos, todos leves. Unos miraban a la Audiencia Nacional, donde debía declarar Arnaldo Otegi, y otros a la llama olímpica que la ciudad aspira a encender en su pebetero en el 2012. Ninguno de los etarras llevaba la pulsera roja pidiendo la sede de los Juegos Olímpicos. Todos los atentados son nocivos. Éste de forma especial, aunque no ha sembrado la brea de cadáveres. El Gobierno, respaldado por amplia mayoría parlamentaria, aprobó una resolución que recoge literalmente los acuerdos de Ajuria Enea. En lo que llevamos de semana, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había hecho una oferta de generosidad a la banda terrorista Eta, si abandonaba previamente las armas y las bombas, sin ningún precio político a cambio. Sin embargo, los malintencionados dijeron que había negociación en marcha, a pesar de los reiterados desmentidos del propio Gobierno. Hagamos un ejercicio de síntesis: en lo que llevamos de semana, Eta colocó bombas en el País Vasco, fue detenida su cúpula internacional en Francia, le ha sido comunicado el procesamiento a Otegi y, por último, Eta ha puesto una bomba en Madrid. Por fortuna, sin consecuencias mortales. Todos estos acontecimientos deberían hacer reflexionar y deducir que no existe ninguna negociación. Pero es evidente que los que han decidido utilizar el terrorismo y a algunas víctimas del terrorismo que se prestan a ello para desgastar al Gobierno, no lo van a reconocer. Desde el momento en que el Gobierno hizo el planteamiento en el Parlamento, ya manifesté mi escepticismo. Todos los presidentes del Gobierno de España lo habían intentado: desde Adolfo Suárez, a Leopoldo Calvo Sotelo; desde Felipe González, a José Mª Aznar. Ninguno alcanzó el éxito. De todas las maneras, consideraba que si había alguna posibilidad para adelantar el fin de Eta, el Gobierno debía obligatoriamente intentarlo. Y parecían darse las circunstancias precisas. La bomba de Madrid no invita al optimismo. Al contrario, la aprovecharán las gargantas roncas y profundas para que los ecos sean cada vez más desafinados. No obstante, como ha dicho el ministro del Interior, el leonés José Antonio Alonso, mientras Eta no anuncie el fin de la violencia sin condiciones, el Gobierno democrático español seguirá persiguiendo a la banda terrorista Eta con el mismo rigor que hasta ahora. Así que algunos tendrán que cambiar de discurso, porque la realidad es completamente distinta de como ellos la pintan. Por cierto, que una de las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, la que convoca la manifestación del próximo día 4 de junio, al igual que los obispos, tienen todo el derecho democrático a convocar manifestaciones y a expresar su opinión sobre las posiciones políticas de cada partido. Eso sí: siempre que se reconozca la soberanía del Parlamento como representante de la voluntad popular para acordar, en materia política y legislativa, lo que estime oportuno. Nadie está por encima de esa soberanía popular representada en el Parlamento. Nadie.