Rentabilizar los atractivos turísticos de la pesca y la caza

SE HA CONVERTIDO en una misión imposible para políticos, técnicos y expertos hasta el punto de que se siguen poniendo en marcha comisiones de sabios, libros blancos, sesudos estudios, informes y evaluaciones analizando e intentando remediar el fenómeno de la despoblación y el desarrollo rural, y nadie parece haber dado con la receta que mitigue las devastadoras consecuencias de este fenómeno en una provincia como León, y en otras con similar problemática Por la cantidad de años, políticas, dinero y esfuerzos invertidos en solucionar o paliar el despoblamiento rural y a tenor de los escasos resultados, nos preguntamos si de verdad es factible un verdadero desarrollo rural o es una batalla perdida de antemano. ¿Queremos verdaderamente el desarrollo demográfico y económico de nuestros pueblos o preferimos conservarlos como el agónico refugio veraniego de una sociedad urbana que lava su conciencia en muchas ocasiones con un ecologismo de salón y que mira para otro lado cuando comarcas enteras luchan por sobrevivir con tan sólo la inercia de lo que han sido? En el discurrir diario de una asociación empresarial como es el CEL que sigue preocupándose por el estado de letargo de muchas comarcas leonesas, comprobamos diariamente las dificultades a las que se enfrentan tanto empresarios como ciudadanos en el entorno rural; sin embargo, estamos convencidos de que es posible y factible un desarrollo rural integral y real. Y para ello, el camino más corto es el aprovechamiento de las potencialidades de la provincia a la que no le sobra industria pero que, sin embargo, es excedentaria en recursos naturales. No descubrimos nada con esta propuesta que surge del más elemental sentido común. Se trata de hacer rentables especialmente los recursos piscícolas y cinegéticos como motor de arrastre de otras actividades íntimamente ligadas como es el turismo. El primer obstáculo: voluntad política y capacidad de trabajo para acometer algunos cambios en la gestión administrativa que serían muy recomendables y estimularían la iniciativa privada en lugares donde existe poco o nulo atractivo para la inversión, como son las zonas de montaña. Recientes declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, a propósito de este tema han arrojado un rayo de esperanza al defender un mayor aprovechamiento y rentabilidad de los recursos cinegéticos de Castilla y León para que se conviertan en un referente de crecimiento y desarrollo de provincias como Soria -señaló-, aunque nos atrevemos a apuntar también a León, ya que es la provincia española con mayor número de kilómetros de ríos trucheros y la que más recursos cinegéticos dispone de Castilla y León. La importancia socieconómica de una actividad como la caza en esta provincia y Comunidad es más que notoria con un volumen de ingresos directos e indirectos de casi 160 millones de euros y un número de aficionados que no para de crecer. El año pasado la Junta tramitó cerca de 143.000 licencias de caza. Por el contrario, no sucede lo mismo con la pesca donde Castilla y León es la comunidad más representativa en el panorama truchero nacional pero no lo es en cuanto al número de licencias, siendo ampliamente superada por otros territorios con menor potencial piscícola pero con mayor promoción y apoyo administrativo. Las meras declaraciones de intenciones no bastan, son necesarios cambios profundos en la normativa de Caza y Pesca y en la forma de administrar estos recursos dando pie a la iniciativa privada para que gestione, cuide y mejore el estado de los montes y ríos y rentabilice turísticamente ese potencial, tal y como sucede en países como Austria o Alemania, donde han establecido un sistema que funciona y que ha logrado una simbiosis perfecta entre los recursos naturales, la recuperación medioambiental, la explotación turística privada y el beneficio económico y social para las zonas rurales. En estos países, son los propios hoteles quienes gestionan, por ejemplo, los cotos de pesca a través de una concesión del Estado que otorga a los propietarios el rendimiento de tramos concretos de ríos. La gestión del coto es dirigida en su totalidad por los dueños de los hoteles quienes se ocupan de mantener el río en óptimas condiciones y de expedir los permisos y licencias necesarios para la pesca. Por lo general es necesaria una estancia mínima de tres noches para poder pescar, actividad que viene incluida en el precio, y que garantiza la afluencia de turistas. Esta fórmula de explotación ha demostrado sus ventajas y beneficios hasta el punto que miles de turistas aficionados a la pesca y con un alto nivel adquisitivo reservan con muchos meses de antelación su estancia en estos hoteles ya que saben que las aguas de estos cotos y las truchas que albergan están consideradas como las mejores de Europa. Lo que genera un incremento considerable en la cantidad y calidad de la actividad turística, hostelera, comercial y de servicios de amplias zonas rurales que han centrado su desarrollo en la optimización de sus recursos naturales a través de la implicación de las empresas privadas. ¿De qué sirve el turismo rural si a los visitantes no se le ofertan, entre otras excelencias, poder pescar, cazar y disfrutar de los ríos y montes? Aplicar este mecanismo de gestión a la pesca y a las actividades cinegéticas es perfectamente viable en León que fue un paraíso truchero y que ha ido perdiendo el atractivo turístico que tuvo como referente europeo excepcional para los amantes de la pesca y de los ríos, pero que puede recuperarlo si la administración se muestra sensible y comienza a considerar propuestas como ésta. Falta una política integral dedicada a los ríos y a su diversidad, un estudio del estado de los ríos leoneses que contemple los problemas más acuciantes como la contaminación, los vertidos indiscriminados, las malas repoblaciones, el furtivismo, el impacto de las presas y las minicentrales, los caudales ecológicos, la sobreexplotación... Y sería muy positivo también un cambio de orientación en la legislación y gestión de los cotos de caza que permita a la empresa privada explotar más racionalmente los recursos y multiplicar las posibilidades de generar puestos de trabajo y obtener beneficios. Si la administración viera nuestros ríos y montes como una oferta más para el turista y como un elemento de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales se vería obligada a mantenerlos en perfectas condiciones apoyándose para ello en la iniciativa privada que no dudaría en involucrarse.