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LA CONSTITUCIÓN habla de la «Nación» española, en singular y con mayúscula. A esa acepción se apuntan dirigentes políticos socialistas como Alfonso Guerra, José Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Manuel Chaves, el presidente andaluz que lo es también del PSOE. Otros como Pasqual Maragall o José Montilla gustan hablar de España como «nación de naciones» -concepto que, hasta en términos ortográficos, reclama las minúsculas-. Desde Cataluña, donde la cúpula del PSC ha derivado en club catalanista, impulsan un nuevo Estatuto cuyas vigas maestras son el cambio de la denominación «nacionalidad histórica» por «nación»; la financiación concertada directamente con el Gobierno y la atribución por ley de diversas competencias que ahora son exclusivas del Estado, pretensiones que desbordan el marco constitucional. Para aprobar dicho proyecto las Cortes Españolas habrían de modificar previamente la Constitución. Este es un punto de vista muy extendido entre los expertos, aunque hay excepciones cuya aparente ceguera parece que procede de una clamorosa mezcla de cinismo y oportunismo. Lo que no se sabe muy bien es qué piensa de todo esto el ciudadano Rodríguez Zapatero, a la sazón presidente del Gobierno de España. Hasta la fecha, sus comentarios al respecto no han pasado de frases propagandísticas del tipo: «cuando termine la legislatura la Carta Magna será más fuerte y más sólida (sic) que ahora porque la Constitución es la esencia de la democracia» -y, el instrumento adecuado- «para convivir y poder integrar». Cautela de quien sabe mejor que nadie la precariedad parlamentaria sobre la que ha cimentado el edificio político del Gobierno que preside. A este respecto son muy elocuentes las palabras del dirigente catalanista Carod Rovira a la salida de la entrevista que el pasado viernes mantuvo con Rodríguez Zapatero en La Moncloa: «El presidente del Gobierno me ha vuelto a reafirmar su actitud de compromiso personal para aceptar lo que democráticamente acuerde el Parlamento de Cataluña». A la vista está que el señor Rodríguez Zapatero tiene un problema como secretario general del PSOE (la pretensión de sus socios parlamentarios, el PSC y ERC, de ir más allá de la Constitución a la hora de cambiar el Estatuto de Cataluña), que no debería resolver con cargo a la Presidencia del Gobierno. Ignoro lo que pueda deparar el futuro, pero si sigue el camino trazado por Maragall y Carod (intento encubierto de reforma de la Constitución para encajar el nuevo Estatuto de Cataluña), Zapatero podría encontrarse con alguna sorpresa en el Grupo Parlamentario socialista del Congreso de los Diputados.