Comprar costa

EL PROYECTO de la ministra Narbona de comprar para el Estado zonas del litoral, a fin de preservarlas de la exterminadora voracidad del cemento y el ladrillo, constituye, simultáneamente, una buena y una mala noticia. La buena es que, al fin, un gobierno defiende a la comunidad que sirve intentando conservar y enriquecer el patrimonio común que ha de legar a las generaciones futuras, y la mala es la situación terrible y caótica de nuestras costas que revela el proyecto. Que el Ministerio tenga que andar comprando a tocateja aquellas porciones de costa que aún no han sido destruidas por la desidia y por la compulsión urbanizadora significa, de entrada, que el sinfín de leyes que en teoría la protegen, desde la de Costas hasta las muchas que regulan la conservación de espacios singulares (dunas, albuferas, marismas, parques naturales...), no sirven para maldita la cosa, o cuando menos no, para abortar el despojo infame del litoral, que pertenece a todos los españoles. La aplicación de esas leyes y la persecución implacable de quienes las conculcan haría innecesario que el Estado tuviera que comprar algo como única manera de protegerlo, pero esas leyes garantistas de tesoro natural, cada vez más amenazado por la rapacidad de los más poderosos e influyentes amigos de lo ajeno, no se aplicaron nunca con la diligencia y la contundencia debidas, de suerte que en la Costa del Sol, tan hermosa y rica hasta hace unas décadas, no queda un metro cuadrado sin edificar. La buena noticia desvela una atroz: que para que los españoles no nos quedemos sin nada, el Estado, que somos todos, tiene que comprar lo que nos pertenece.