Diario de León
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PACO MORA
León

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LAS MIGRACIONES masivas de población se explican, históricamente, por las guerras, las persecuciones religiosas, el hambre o las epidemias y, más recientemente, por la búsqueda de un empleo, o de un empleo mejor remunerado. Estas razones económicas están detrás de la emigración de muchos españoles y de sus cambios de residencia. Hoy España es un país de inmigrantes, no de emigrantes, pero la movilidad interna continúa aumentando, afortunadamente. Un estudio del Centro de Predicción Económica, de la Universidad Autónoma de Madrid, acaba de desvelar que el año pasado el 7,4% de la población activa cambió de comunidad autónoma, buscando un empleo, o un empleo mejor. Tras la movilidad laboral está el que España sea el país de la Unión Europea que más inmigrantes desarraigados recibe, pero también el que los jóvenes sean cada vez más receptivos a la nueva cultura del contrato laboral temporal y flexible, por el tiempo que sea, y también donde sea. Por eso el retrato robot del trabajador español ha pasado a ser el siguiente: andaluz, entre 25 y 34 años, con titulación de educación secundaria obligatoria y que se desplaza para trabajar en empresas de servicios en Madrid o Cataluña. La flexibilidad contractual es muy buena para dinamizar la economía y reducir el paro. Así lo sentenciaron en el año 2000 los primeros ministros de la Unión Europea, en el Consejo de Lisboa, donde aprobaron la iniciativa e-Europe para convertir a la Unión en la economía más competitiva del mundo, contando para ello con herramientas como la movilidad laboral. El éxito del e-Europe está siendo escaso, pero ésa es otra historia. ¿Y cuál es la principal barrera contra la movilidad laboral? En España, la vivienda y sus precios de escándalo. Por eso es acertada la orientación del nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 apostando por el alquiler, aunque se haya quedado muy cortito en sus ambiciones, al no acompañarle una propuesta de fecha de caducidad a las desgravaciones fiscales para comprar viviendas, ni una poda de las subvenciones con euros constantes y sonantes destinados al mismo fin. La Constitución Española habla del derecho a la vivienda, no del derecho a ser propietario de una vivienda. Si todas las ayudas se volcaran en el alquiler, garantizaríamos a más ciudadanos el acceso a una vivienda digna y quitaríamos obstáculos a la movilidad laboral. El Gobierno todavía no se atreve.

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