Revisión para la tregua

DÍAS DE APLAZAMIENTOS y despedidas. La llegada de agosto ya no es lo que era. Aunque los partidos dejan aguerridos retenes de guardia, hay que reconocer que la tensión política se rebaja notablemente. Hace años, el cénit del verano se distinguía por ser un período en el que la actividad política quedaba paralizada totalmente. Ahora ni siquiera existe tregua. Incluso los hay que diseñan estrategias pensando en la escasa competencia para salir en los periódicos y ocupar espacios de radio y televisión. La diferencia es que casi todo se queda en eso, en el debate, en la palabra, porque la maquinaria administrativa se ralentiza y tampoco existe actividad institucional. Los últimos Plenos de la Diputación y del Ayuntamiento capitalino son una prueba de ello. En ambos casos se hurtó a la última sesión el debate sobre sendas mociones presentadas por el PSOE y la UPL con el fin de instar a las Cortes de Castilla y León a que sus propuestas sean tomadas en consideración en la reforma que se avecina del Estatuto de Autonomía. El PP ha decidido que el asunto quede para septiembre. Como un mal estudiante, no se había preparado para la convocatoria de junio. Hay que reconocer en su descargo, no obstante, que no es lo mismo predicar que dar trigo. Y a los populares les corresponde lo segundo, porque la decisión que adopten condiciona al partido que gobierna con mayoría absoluta en Castilla y León. Algo parecido le ocurre al PSOE en el ámbito nacional. Como muestra ahí está el irresoluble asunto de los peajes de las autopistas. Zapatero, no se sabe si porque dentro de sus planes no estaba conseguir la presidencia del Gobierno en el primer intento (sí en 2008), se embarcó en una promesa que no puede cumplir: la supresión del peaje de la autopista de Asturias. Angel Villalba dice que no hay solución económica porque Cascos se encargó de prorrogar la concesión de la autopista por 29 años más, lo que implica que el rescate resulte ahora inasumible para las arcas del Estado. Ciertamente, resulta más que cuestionable una decisión de estas características a unos meses de las elecciones generales. Como en aquellos salmones del viejo régimen, a alguien le interesaba dejar bien clavado el anzuelo. Otros piensan que, con independencia de las razones que movieron al anterior ministro de Fomento a aumentar la hipoteca (efectivamente nunca explicadas ni justificadas), la rescisión de la concesión hubiera resultado igualmente imposible por lo que supone de agravio comparativo para el resto de España. Más extraño es que para cumplir un compromiso tan personal, Zapatero busque ahora dinero en los cajones de las autonomías afectadas: Asturias y Castilla y León. Angel Villalba adelantó hace unos días que Zapatero anunciará en la fiesta minera de Rodiezmo, a la vuelta de las vacaciones, una rebaja del precio del peaje. Un intento por salvar la cara. Villalba añadió que no parece difícil que el gobierno asturiano preste apoyo económico, pero que no veía en la misma disposición a Juan Vicente Herrera. No parece arriesgar mucho en el pronóstico el portavoz socialista. Evidentemente, el peaje grava fundamentalmente a los asturianos, que son los que utilizan en mayor medida la autopista. Pero con ser esta una razón de peso, lo es más la rivalidad política y parece claro que no será el PP el que se apreste ahora a sacarle las castañas del fuero al presidente del Gobierno. Ni hay complicidad ni parece tampoco que exista un beneficio para Castilla y León tan grande como para detraer fondos destinados a cubrir otras necesidades, que de eso aquí hay para dar y repartir. Se despide el curso político con un anuncio también inquietante para los agricultores. El Gobierno parece decidido a suprimir el régimen especial de la Seguridad Social en el campo. Diez mil agricultores verán aumentado el pago de sus cuotas, hasta equiparse al resto de los trabajadores autónomos. Se habla de una posible tregua, que afectaría a los cotizantes que están más cerca de la jubilación, pero el final será la igualdad en todos los ámbitos. Probablemente sea lo justo, pero está claro que pintan bastos para el sector. Un motivo más para enardecer la protesta convocada en Valladolid para el próximo día cinco. El objetivo inicial es presionar al Gobierno para que defienda con fuerza la continuidad del cultivo de la remolacha. El reto es complicado. Mejor aspecto presenta la negociación en torno al nuevo Plan del Carbón, también aplazado para septiembre. En la reunión de esta semana el Gobierno parecía dispuesto ya a mantener los mismos fondos del plan que ahora expira, una cantidad que habían reclamado los sindicatos y el Gobierno de Castilla y León. La falta de precisión en la demanda, sin embargo, está motivando un cambio de postura. Mantener la misma cantidad significa que ha de ser elevada con la depreciación del dinero, con el IPC desde el año 1999. Resulta difícil aventurar en qué va a quedar la cosa, porque en estos momentos el dinero que se demanda ha de ir exclusivamente destinado a la creación de industrias, de puestos de trabajo ajenos a la minería, pero no al pago de más despidos. El sector minero, en definitiva, no puede reducirse más. Sin duda este ha sido el déficit más grave que ha de cargarse al plan que ahora expira. Miles de millones de dinero público se han gastado en reducir actividad, en reducir empleo en el sector, pero no en crear puesto de trabajo alternativos. Los políticos han vivido obsesionados por acallar las protestas (que en el sector minero son especialmente temidas) y lo han hecho mandando a casa con sueldos íntegros a miles de personas. La prueba más evidente de que esto ha sido así está en las encuestas, una estadística contumaz en la última década. Especialmente llamativa es la última Encuesta de Población Activa, que registra el dato histórico de que la tasa de paro en España se ha situado por debajo del diez por ciento (algo que ocurre por primera vez en los últimos 25 años), porcentaje incluso mejorado en Castilla y León. Sin embargo, la media resulta engañosa. En León la tasa de paro crece en lugar de bajar y su índice supera el diez por ciento. Es el reflejo de los dos procesos de reconversión «salvaje» que se han registrado en nuestra tierra. Hace apenas quince años había más de 32.000 agricultores en activo. Hoy no llegan a diez mil. En la misma época, el sector minero daba empleo directo a 18.000 personas. Ahora se ha reducido a una tercera parte. Dos varapalos que han tenido consecuencias en el resto de los sectores de actividad. Cierto que en León crece la esperanza, pero las consecuencias del pasado sigue marcando la cara más amarga de nuestra realidad. La duda es si ya hemos tocado fondo, si a partir de ahora resulta obligatorio mejorar, o si todavía es posible caer más abajo. f??nando.aller@diariodeleon.es