Nos jugamos el futuro de la remolacha

MAÑANA viernes, los agricultores de Castilla y León nos jugamos buena parte de nuestro futuro y el de nuestras familias. Ese día todos tenemos que salir a la calle para poner en evidencia el rechazo a una reforma de la Organización Común del Mercado del Azúcar que puede suponer el final del cultivo de la remolacha en esta región. Pero es más me atrevo a asegurar que nos jugamos la continuidad de este sector en toda España, lo que no hagamos nosotros por el futuro de este cultivo, muy probablemente, no lo haga nadie Y cuando digo «todos» no me refiero sólo a los cultivadores que, evidentemente somos los que más vamos a soportar esta crisis, sino también a todo el entramado social qué rodea este cultivo empezando por los trabajadores de las industrias, los transportistas, los vendedores de las casas de semillas, de fitosanitarios, de materiales de riego o los propios consumidores¿ pues todos vamos a sufrir el impacto económico que supone abandonar 55.000 hectáreas dedicadas a este cultivo sin que exista una alternativa agraria real. La incidencia que esta reforma puede tener en el campo de Castilla y León es la misma que para el resto de la sociedad tendría que una empresa como Renault anunciase el cierre de sus factorías en la región. Seguro que, entonces, nuestros políticos se rasgarían las vestiduras en defensa de ese colectivo, algo que, hasta la fecha, no han hecho por los cultivadores de remolacha de esta comunidad autónoma a los que, en muchas ocasiones, se nos está utilizando en las luchas políticas sin darnos soluciones a nuestros problemas. La modernización de buena parte de las explotaciones de la región se ha hecho en base a los ingresos que los cultivadores tenían por la venta de su remolacha, de ahí que muchos profesionales hablen de ella como de su «nómina», un dinero que sabían que, haciendo bien las labores, llegaba a sus cuentas gracias a la tranquilidad que les ofrecía una normativa que ahora pretenden desbaratar con mil y una excusas sin peso ninguno. Si la propuesta que el año pasado filtró el Comisario Fischler era ya bastante dura, la que el 22 de junio presentó su sucesora, Mariann Fischer, que no hay que olvidar ingresa todos los años más de 9 millones de pesetas de la PAC, supone el tiro de gracia al sector remolachero europeo, salvo para los de siempre, alemanes y franceses, que habitualmente son los grandes vencedores de todas estas negociaciones, aunque en esta ocasión tampoco nos podemos olvidar ni de la industria azucarera que se va a acoger rápidamente al plan de reestructuración para engrosar las cuentas de dividendos de sus accionistas ni de las grandes empresas agroalimentarias ¿alguien se cree que van a bajar el precio de sus productos porque lo haga el del azúcar?. Situaciones como esta son las que provocan que veces sintamos envidia de los agricultores de estos países al ver como sus gobernantes si se toman en serio su trabajo y son capaces de obtener beneficios incluso de propuestas tan maquiavélicas como la de la danesa. Frente a esto, el Ministerio de Agricultura español, a la cabeza del cuál se encuentra uno que fuera en otros tiempos «insigne» sindicalista agrario, ¡ahí que tiempos aquellos! ¡que fácil era pedir antes y que difícil dar ahora¡, parece que ha dejado pasar 365 días preciosos a la espera de que se les presentase la propuesta, esperando la documentación sin capacidad alguna para adelantarse a unos acontecimientos que evidentemente se han ido cociendo, poco a poco, en Bruselas. Muchos confiamos, al menos en un principio, en las palabras del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, primero en León durante un Consejo de Ministros y luego ante los propios agricultores en un «sarao» que organizaba un conocido alcalde de esa provincia, anunciando que la remolacha y el azúcar iban a ser un «problema de estado» o que no estaba «en cualquier cajón este asunto sino que estaba en el despacho del propio presidente». Sin embargo el paso del tiempo ha puesto en evidencia que las promesas se han disuelto como un azucarillo, poco o nada se ha trabajado en este tiempo, incluso se aseguraba pocos días antes del 22 de junio que sólo era una filtración. Los «deberes» se han quedado sin hacer, pero lo triste es que los que van a «suspender» la asignatura no van a ser el presidente o la Ministra sino las 15.000 familias que en Castilla y León viven de la remolacha que van a tener que dejar su actividad y marcharse a la ciudad en busca de un empleo. Además, durante la presente campaña el Gobierno ha dado continuos palos de ciego en lo que se refiere a la remolacha, jugando a un inaceptable doble lenguaje, en temas como la de 36 euros de Ebro, que ha dado alas a la propia Comisión, prolongando la orden de reestructuración que da un cheque en blanco a la industria o permitiendo que alguna azucarera esté trayendo azúcar para refinarla probando un sistema que quizás quiera generalizar tras la reforma. Sin embargo, desde UCCL - COAG consideramos que aún estamos a tiempo de parar la reforma, el Gobierno tiene que poner la maquinaria a tope de revoluciones para frenar las intenciones de la comisaria danesa. Este es el motivo de la manifestación que se celebra mañana, día 5 de agosto, mantener la presión social sobre nuestros políticos para que ahora sean capaces de aprobar una asignatura que hasta la fecha han suspendido pero que les ofrece una nueva, y quizás sea la última, oportunidad. Europa debe abandonar los criterios puramente economicistas de su política agraria y darla un carácter más social que respete al medio rural asegurando su futuro. Todos sabemos que las negociaciones en Bruselas son complicadas, que son muchos los matices que hay que tener en cuenta, muchos los palillos que hay que tocar, pero es el momento de que la agricultura, por una vez, no sea moneda de cambio en todo este proceso. Los agricultores y ganaderos no estamos dispuestos a aguantar que, de nuevo, se utilice nuestro sector, ahora la remolacha, como moneda de cambio en el debate de fondo de la financiación europea. Todos queremos mejores carreteras, infraestructuras de más calidad¿ pero no a cambio de nuestro futuro, de nuestra remolacha¿ Ha llegado el momento de que nuestros políticos den el do de pecho en Bruselas, se acabaron las buenas palabras, las buenas intenciones, el «talante». Ha llegado la hora de poner toda la carne en el asador si, de verdad, no queremos que nuestros campos se conviertan en un enorme desierto improductivo. Manifestaciones como la del 18 de julio en la capital belga ponen de manifiesto algo realmente preocupante, la sociedad marcha por un lado y los responsables políticos por otro.