Dos cuestiones

ES INDUDABLE que el nuevo curso político arranca con el debate de dos cuestiones de extraordinario calado político y de consecuencias económicas o presupuestarias igualmente trascendentes: primero, la reforma del Estatuto catalán -y los criterios para las sucesivas reformas estatutarias- y, en segundo lugar, cómo afrontar el coste y la deuda acumulada por los servicios sanitarios a cargo de los gobiernos autonómicos. Naturalmente, al Gobierno de la nación le corresponde una tarea de primera importancia en la búsqueda de soluciones a ambas papeletas. La reforma de los procedimientos para afrontar el coste de la sanidad no deja neutral ni pasivo a ninguno de los gobiernos autonómicos, sean del color que sean. Todos aspiran a mejorar la posición de la que parten, es decir, aspiran a una mejor financiación sin ofrecer contrapartida alguna por su parte, como sería el compromiso de una mejor y más exigente gestión. Es más cómodo pedir más dinero al Estado y no tener que afrontar la papeleta de reclamar más impuestos a los propios ciudadanos autonómicos. Y luego, seguir el bonito y caro juego de presumir de ofrecer la mejor sanidad de la nación. En la reforma del Estatuto sucede algo parecido: cada cual aspira a disponer del Estatuto que le permita acometer más tareas y responsabilidades, aunque sea dejando vacío de competencias y atribuciones el cascarón del Estado y sus procedimientos para la obtención de ingresos. Esta vez, y en esta materia autonómica, Zapatero daba un cierto zapatazo sobre la mesa, al recordar su doctrina tantas veces expresada: que cualquier cambio ha de ajustarse a la Constitución y debe contar con un amplio consenso. «Esta es la postura de los socialistas de España y vale tanto para el PSOE como para el PSC: ni inmovilismo ni aventuras egoístas e insolidarias». Y sintetizó su postura: fuerte avance en el autogobierno dentro de la Constitución y solidaridad entre españoles. Hace tiempo que, en su propio partido como en la oposición del Partido Popular, se venía reclamando alguna posición tajante y drástica del jefe del Gobierno, sobre todo a la vista de las veleidades de un Pasqual Maragall a menudo manejado por sus socios nacionalistas, permanentemente insaciables. Es evidente que las propuestas catalanas para reformar el Estatuto siguen saltándose la Constitución, como es indudable que necesitará de más propuestas resolver la cuestión económica de la sanidad. En ese trance nos hallamos, conscientes de que a ambas cuestiones les quedan aún muchos debates e infinidad de propuestas alternativas