Ciudadanía y Principia

UNA DE LAS MAYORES riquezas de la ciudad de León es su historia. Los leoneses y las leonesas han tomado conciencia de esa realidad y en los últimos años hemos visto por primera vez movimientos espontáneos y cívicos en defensa del patrimonio. La primera ocasión fueron las obras en la casa de la plaza del Grano. La movilización ciudadana consiguió mantener una parte importante de un edificio emblemático de la ciudad. La actuación de los ciudadanos ha sido clave otra vez este año para defender los Principia. La responsabilidad de los ciudadanos es la mejor salvaguarda que el patrimonio puede tener. Lo ocurrido con los Principia no es algo aislado. No hay que remontarse a episodios como el derrumbamiento del Palacio de don Gutierre; la precaria situación de la Muralla, la paralización de la actividad del Taller de Vidrieras, el parón en la rehabilitación del Palacio del Conde Luna o el eterno cierre de la cripta de la Catedral responden a un mismo patrón. Algo falla en la política de patrimonio. Lo que ha ocurrido con los Principia es un ejemplo de libro. En abril del año 2004 aparecen los restos del cuartel de la Legio VII. Ese mismo mes, la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León acuerda que no es necesario conservar este yacimiento arqueológico más que en fotografías. Es decir, la administración competente por ley para defender el patrimonio afirma que esos restos no valen. Hasta en tres ocasiones el equipo de gobierno encabezado por Francisco Fernández pidió la modificación de ese informe. Las peticiones se realizaron al delegado territorial de la Junta, al director general de Patrimonio y a la Comisión Territorial. La respuesta fue siempre negativa; de hecho, el 13 de noviembre de 2004, diez días antes de la moción de censura, el organismo autonómico ratificó su informe. En paralelo, se negociaba con los propietarios la conservación de los restos y se reunieron informes de distintos expertos que avalaban la importancia de los restos. El Consejo de Europa recomienda: «Destacar la singularidad de León como ciudad militar romana, a través de una acción de revitalización y recuperación de sus vestigios». El regreso de Amilivia interrumpe esas gestiones. En enero de este año se afirma que ya existe un acuerdo con los propietarios y se llega a afirmar que se pagarán 340.000 euros a cambio de la conservación de los restos. Desde entonces hasta el verano no se conocen más actuaciones. Eso sí, en febrero se concede licencia de obra por silencio administrativa para la edificación en el solar donde se encuentran los restos, como aparece bien claro en el cartel que preside la parcela de San Pelayo. Amilivia y su equipo no son capaces de ponerse en marcha hasta que las denuncias vecinales revelan que las obras ya están en marcha. Como es costumbre cuando se trata de patrimonio la planificación y el trabajo constante no existen y sólo queda actuar a la desesperada. El nueve de septiembre se cita a todos los grupos a una reunión en Alcaldía. El Grupo Socialista acude con ganas de solventar el lío en el que la Junta y la pasividad de Amilivia han generado. Respaldaremos cualquier solución posible y viable que plantee el equipo de gobierno. El PP opta por buscar un culpable, lo que les lleva a hacer afirmaciones risibles. Últimamente la culpa es de Ángel Villalba que no compró en 1987 el solar de los Principia. Es decir, diecisiete años antes de que aparecieran los restos el ahora secretario general del Partido Socialista en Castilla y León ya sabía que existían. Los socialistas sabemos que Ángel Villalba tiene visión de futuro, pero no lo confundimos con Rappel. La necesidad de escurrir el bulto se debe a varias cuestiones: en primer lugar la actitud de la Junta, coronada por la intervención en las Cortes de Juan Vicente Herrera en la que respalda a la Comisión Territorial de Patrimonio y desautoriza la operación de expropiación planteada por Mario Amilivia. En segundo lugar a la incomodidad que genera en el PP la movilización de los ciudadanos y, por último, en la falta de confianza en lograr una solución. Buscan refugio quienes temen no conseguir sus objetivos. Los próximos días serán claves para buscar una solución definitiva para los Principia, puesto que todos esperamos una respuesta definitiva de los constructores y a partir de ahí la Corporación deberá tomar medidas que, salvo sorpresa, pasarán por un procedimiento de expropiación. En todo caso, de lo que ha ocurrido estos meses sería bueno sacar conclusiones para el futuro. El patrimonio no puede estar pendiente de lo que ocurra en cada momento. Son necesarias políticas a largo plazo y constantes. La implicación de la administración en quien radican las competencias: la Junta, es imprescindible, pero el Ayuntamiento debe replantearse su actuación. Un primer paso imprescindible a nuestro juicio es la revisión del Plan Especial del Casco Histórico, como señala el Plan General de Ordenación Urbana aprobado por unanimidad con Francisco Fernández como alcalde. La otra conclusión importante es que en León la ciudadanía ha sido capaz de mostrar firmeza y compromiso con su patrimonio. Pocas ciudades pueden presumir de eso y sin duda se trata de la mejor garantía para su conservación.