Villablino, Zapatero y Cataluña

LA PREGUNTA está en los círculos más enterados: ¿Es verdad que el nuevo Plan del carbón está pendiente de lo que ocurra en Villablino y que por eso no se registran avances a pesar del compromiso público de Zapatero? La cuestión no es nueva. Ya fue planteada esta supuesta relación en los enfrentamientos registrados entre UGT y CCOO en las últimas reuniones negociadoras, discrepancias que se plasmarán en la huelga convocada unilateralmente por el segundo sindicato. También fue punto de referencia de las breves palabras que intercambiaron un hombre del PP y Cándido Méndez, secretario general de UGT. Ambos coincidieron en la última visita de Zapatero a León y el primero le dijo al dirigente sindical: «Con la moción de censura en Villablino, os han j. el Plan Nacional del Carbón». Cándido Méndez habría respondido, según la misma versión: «qué razón tienes». Situemos el problema: La alcaldesa de Villablino, Ana Luisa Durán, firmó con Victorino Alonso un convenio en virtud del cual se le facilitaba a la MSP abrir cinco nuevas cortas de carbón a cielo abierto, el que se extrae con palas mecánicas y únicamente crea empleo entre maquinistas y camioneros o fabricantes de cintas transportadoras. El convenio se fraguó con el respaldo entusiasmado, según constata la foto que da fe, de los secretarios provincial y regional del PSOE, Miguel Martínez y Ángel Villalba. Quince miembros de la ejecutiva socialista local discreparon, retiraron su confianza a la alcaldesa y, en represalia, fueron expulsados del partido. Sin duda, en el PSOE no se esperaba que los concejales del PP hicieran causa común con el grupo de Izquierda Unida, ambos hermanados ahora en contra de los intereses de Victorino Alonso, por entender que el deterioro del valle, declarado zona especialmente protegida de la biosfera, supone esquilmar aún más el futuro. Más allá del motivo de la trifulca, la crisis sirve también para que IU, que no ganó las elecciones municipales, recupere la Alcaldía. El secretario nacional de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, ha enviado una carta al líder de IU, Gaspar Llamazares, expresando su queja por un pacto que no respeta el resultado de las urnas, no respeta a la lista más votada. Es curioso la forma que tienen algunos políticos de ver la realidad en virtud de los intereses propios. No es infrecuente que los partidos no respeten la lista más votada en la elección de alcalde (ahí está, a título de ejemplo, el caso de León, donde el PP ganó las elecciones y un pacto con los leonesistas otorgó la Alcaldía a los socialistas), así que los argumentos que ahora esgrime Cuesta, legítimos para el sentido común, carecen de fuerza moral por la trayectoria de quien los reclama. Comentaba un alcalde socialista que estas cosas se terminarían el día en el que los partidos mayoritarios se decidan a cambiar la ley electoral, de forma que la elección de alcalde se haga de forma directa, nominal. ¿Y el Plan del Carbón qué tiene que ver en todo esto? Dicen quienes saben, que el Gobierno pretende negociar un Plan del carbón a la baja, progresivamente reductor. No habría problemas para alcanzar contraprestaciones en materia de jubilaciones anticipadas, como siempre. Con las cinco nuevas cortas de Villablino los objetivos se cumplían: Menos mano de obra, se mantiene la producción y se atienden las necesidades de suministro a unas centrales térmicas que hoy necesitan carbón pero que a su vez, de esto a nadie le cabe la menor duda, tienen fecha de caducidad, sin renovación posible. Villablino podría llegar a aportar casi la mitad de las reservas estratégicas nacionales. Y ahí está el problema. Sin los cielos abiertos, las cuentas (la reducción de empleo) no salen. El Grupo Popular ha presentado una moción en el Ayuntamiento capitalino (la primera de España de una avalancha programada) para expresar el rechazo del consistorio al proyecto de Estatuto de Cataluña, aprobado por el Parlamento catalán y pendiente de su debate y votación en el Pleno de las Cortes españolas. La medida ha sido contestada por el PSOE con razonamientos colaterales. Argumenta el secretario provincial de los socialistas, Miguel Martínez, que el PP busca la algarada mientras desatiende la reforma del Estatuto de Castilla y León. Es probable, pero también resulta evidente que en estos momentos la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses están más preocupados por lo que ocurra con la norma autonómica catalana que con la reforma de la propia. Resulta curioso que un asunto que apenas interesaba al cuatro por ciento de los catalanes ahora se haya convertido en un problema nacional (nacional de España, que en estos momentos hay que precisar mucho). Interesa a la mayoría de los españoles. El grupo popular de León se opone al proyecto estatutario porque al definir a Cataluña como nación establece una relación de igualdad entre Cataluña y España como si fueran dos realidades diferentes. En segundo lugar, se prevé un modelo de financiación que se considera injusto, insolidario y gravemente perjudicial para los intereses de Castilla y León y del resto de España. Se oyen algunas voces que afirman que este asunto es el auténticamente preocupante (la pela es la pela) y que el empleo de nación resulta baladí o secundario. No es así. El pensamiento no existe si no existieran las palabras que lo soportan. ¿Y si realmente es igual llamar a las cosas de una o de otra forma, por qué crear confusión y conflicto por un cambio de terminología aplicado a Cataluña?. La pretensión recaudatoria de Cataluña, sin embargo, no parece tan grave si al mismo tiempo se definen con el mismo rango legal las aportaciones posteriores al conjunto de l país. Al fin y al cabo, Navarra dispuso de esta prerrogativa incluso en la dictadura de Franco. Es comprensible el temor, sin embargo, de quienes piensan que con esta regulación se abre el camino al regateo permanente y a una situación de inseguridad en el reparto de los fondos. Pero seguramente tampoco esa situación será peor a la que ahora sufrimos cuando desgraciadamente los gobiernos nacionales, de cualquier signo, se sustentan en personajes periféricos que tienen el chantaje como procedimiento habitual de hacer política. Después de todo, la fórmula de la recaudación propia y de la aportación solidaria posterior resultaría más práctica en un aspecto: que quien tiene la capacidad de gastar tenga también la responsabilidad de recaudar. Las comunidades autónomas cada vez han de implicarse más en la política de impuestos. No resulta válida la fórmula actual, porque acomoda a muchos políticos autonómicos en la gestión del despilfarro, con escaso o nulo desgaste personal. Lo anterior no ha de menguar el espíritu de solidaridad, aunque cabría hablar más bien de justicia. No es limosna lo que reclamamos desde las autonomías más pobres. Las comunidades actualmente más ricas, con más producción y con más mano de obra, se nutren en gran medida de los recursos humanos y materiales de otras regiones, como la nuestra. Harían bien el PP y el PSOE, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza, en buscar fórmulas que impidan que salga adelante el despropósito catalanista. Decir que la unidad de España se rompe es una exageración, sin duda. Utilizar el argumento de que es irresponsable preocuparse por el Estatuto de Cataluña y no por el de Castilla y León, es una frivolidad, un chiste.