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León

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LOS 35.000 técnicos sanitarios de la sanidad pública llevan tres semanas de paro y un grupo de ellos, además, una semana de huelga de hambre. Son los responsables de las mamografías, resonancias magnéticas, ecografías, analíticas de sangre y otras pruebas diagnósticas. Si ellos quieren, no sólo se paraliza de hecho la actividad del hospital, sino que se multiplican en poco tiempo las listas de espera de todos los hospitales públicos de España. Aunque no hay que dar crédito absoluto a las cifras y, a pesar de que no ha afectado a las cirugías urgentes ni tampoco han retrasado en exceso las operaciones programadas, sus datos afirman que cada día de huelga se dejan de hacer en cada comunidad autónoma unas 20.000 pruebas que afectan a otros tantos ciudadanos. Como digo, la Administración rebaja el seguimiento de la huelga a un 17,33 por ciento del personal, pero eso significaría que cada día se dejan de hacer cerca de 4.000 pruebas, lo que, multiplicado por diecisiete, da una cifra realmente escandalosa. En todo caso, al margen de las cifras, hay miles de ciudadanos que acuden al hospital a hacerse una prueba diagnóstica, muchas veces tras haber pedido un permiso laboral o haber desatendido sus ocupaciones, y se encuentran con la desagradable de sorpresa del «vuelva usted otro día». Los técnicos sanitarios reclaman la homologación europea de su profesión y que, para ello, sus estudios tengan nivel universitario. La tecnificación y cada vez mayor dificultad de su trabajo exige, sin duda, una alta cualificación profesional, al menos para garantía de los pacientes. No es el único caso en que se entremezclan los intereses de los Ministerios de Educación y Sanidad y casi siempre que esto sucede, los afectados se encuentran con que no les atienden ni uno ni otro. Sin duda es un problema de Educación, pero Sanidad debería tener algo que decir. Y, en todo caso, la ministra de Educación, María Jesús Sansegundo, que no parece que resuelva sus tareas con diligencia y eficacia, a juzgar por la marcha de la LOE, debería ser partidaria del talante de su presidente y recibir, cuanto antes, a los representantes de estos 35.000 técnicos sanitarios que tienen en sus manos la salud de cientos de miles de ciudadanos. Estamos hablando de profesionales que quieren mejorar su formación, ofrecer más garantías a los ciudadanos y ejercer su profesión con mayor rigor. Que la ministra de Educación no tenga «talante» ni tiempo para recibirles, mientras miles de ciudadanos esperan ser atendidos en los hospitales públicos es, como mínimo, una falta de respeto.

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