Huelgas: la razón de la fuerza

HA VUELTO la paz laboral a la mayor parte del mar. Lo celebramos, pero no podemos dejar de recordar el panorama que hemos visto. Los puertos del Mediterráneo y del País Vasco, bloqueados. Miles de pasajeros atrapados o sin poder salir al mar. Contenedores amontonados. Empresas que esperan su mercancía industrial al borde de la parálisis. El turismo, afectado. Pérdidas económicas enormes. Las Baleares, aisladas por mar. La libertad de circulación marítima, cercenada. Los derechos de los demás ciudadanos, despreciados. La autoridad del gobierno, discutida. Es el balance provisional del movimiento de fuerza que acompañó a la huelga del sector pesquero. Ante ese panorama, el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores declaraba a Carlos Herrera en la radio, todavía desde el Ministerio de Agricultura: «Es la única forma de que nos escuchen». Es todo un diagnóstico. Hace casi un mes, al ver el panorama político, preguntábamos quién se dedica a gobernar. Entretenido en otras cuestiones, el gobierno del talante y el diálogo ha permitido que se reproduzca una vieja situación: para ser escuchados por el poder, hace falta que las protestas sean muy sonoras, muy escabrosas, que causen mucho daño al país. Sólo con el gobierno contra las cuerdas es posible negociar. De esta forma, las últimas huelgas que ha vivido este país -y, por cierto, en su mayoría de autopatronos, no sindicales- estuvieron cargadas de razón, pero se desbordaron los límites de la huelga tradicional y se convirtieron en conminatorias. El gobierno tuvo que negociar bajo una presión desproporcionada. Ha debido sortear los límites autorizados por la Unión Europea y las posibilidades de las arcas públicas. Los huelguistas ganaron en sus pretensiones, pero perdieron la batalla de la opinión, porque la justicia de sus demandas se vio oscurecida por el recurso a la fuerza. Sobre España empieza a circular esa convicción que acabo de anotar: las huelgas, para tener éxito, han de tener una cierta dosis de salvajes. Esa es la cuestión que heredamos del conflicto: una solución justa para los pescadores encierra un peligroso precedente. ¿Debió sentarse el gobierno a negociar con los puertos cerrados? Mi opinión personal es que no: un gobierno no puede negociar bajo presión, y menos bajo una presión que perjudica los intereses nacionales. El gobierno, además, tiene la obligación de garantizar el funcionamiento del país. Si no lo hace, su autoridad queda en entredicho. Sirva el caso como lección ante la nueva protesta que se anuncia: la de agricultores, con anuncio de sonoras tractoradas. ¿Veremos las carreteras cortadas, igual que los puertos? Esa es la pregunta que ahora se hace este país.