Otro disparate

MUY MAL está el patio cuando un secretario de Estado dice que «siempre puede haber algún funcionario que se haya vuelto loco», y resulta que el tal funcionario es una ministra. Los protagonistas fueron los titulares de Economía y Vivienda y el motivo un artículo del borrador de la futura Ley del Suelo, con un tufo intervencionista que echaba para atrás, ya que tras referirse al deber de alquilar las viviendas no usadas, añadía que «la Administración podrá optar entre la expropiación por el incumplimiento de la función de la propiedad y la aplicación del régimen de venta forzosa». Ante la zapatiesta que se armó, la ministra Trujillo se apresuró a hacer su enésima rectificación: «el Gobierno central -dijo- ni expropia ni expropiará pisos». Una obviedad. Tras la nefasta, desde el prisma económico, sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional, el Gobierno central tiene poco o nada que decir en materia de suelo y de vivienda y las decisiones las toman las autonomías, para lo que hay 17 Leyes autonómicas (de momento sólo 16, pues falta la del País Vasco). Cuando el borrador de la Ley estatal habla de expropiación, lo que hay que entender es que podrán expropiar las autonomías, que son las que tienen la sartén por el mango y pueden darle a la tuerca las vueltas que quieran, algo a lo que ya se ha apuntado con entusiasmo el conseller catalán de Vivienda, en su proyecto de Ley para el Derecho a la Vivienda, donde se hablaba de expropiar o, cuanto menos, de obligar a vender los pisos largo tiempo desocupados. Todo esto es un ejemplo de los problemas que suscita una política de globos sonda que no se sabe gestionar y que sólo provoca incertidumbre y confusión. Funcionar con ocurrencias, que van contra los propietarios, no contra los especuladores, y que además pueden ser anticonstitucionales al ir contra el derecho de propiedad (al primero que le expropien un piso vacío, va al TC y se lo devuelven), no es el camino para combatir el problema de la vivienda. Con ideología no se resuelve el problema del elevado precio de la vivienda, cuya causa principal es la especulación con el suelo. Un mercado que cubre una necesidad básica, como es la vivienda, no debe tener sus costes inflados por la falta de suelo, un bien, para más inri, muy abundante, pero totalmente intervenido y regulado por una legislación urbanística restrictiva y burocratizada. De una vez por todas habría que abordar el Pacto de Suelo. El «Cascos 2003» fue abortado, y el «Trujillo 2005» no hace más que retrasarse, y pronto será el «Trujillo 2006».