«Alarma social»

A LOS POLÍTICOS les inquieta mucho la «alarma social»; es decir, que los ciudadanos preocupados expresen pública y ostensiblemente su preocupación. En unas circunstancias porque directamente cuestiona la gestión de quien gobierna, en otros casos porque la tensión guarda una relación directa con el estado de intranquilidad popular, que teóricamente beneficia a quienes no lo tienen y aspiran a conseguir el poder. Expresada esta obviedad, la semana ha ofrecido claros ejemplos de la utilización partidaria de asuntos que, con mayor o menor carga, influyen en la vida de los leoneses. Las negociaciones sobre el futuro de materias como el carbón y la remolacha, la elevación de los costes agrícolas debido al creciente precio de los combustibles, el desarrollo turístico de San Glorio o la repercusión económica de un proyecto de Estatuto catalán insolidario... son algunos aspectos que han provocado intensas polémicas. Naturalmente, para unos plenamente justificadas desde la preocupación más objetiva y para otros, por el contrario, aventadas desde partidarios intereses. Por circunstancias ajenas a la política, comparten en León mesa y mantel un grupo de personas ajenas a la actividad política, leoneses y catalanes. Estos últimos no comprendían el revuelo que existe aquí en relación con el Estatut, un asunto, dicen, que apenas es motivo de comentario en las tertulias en Cataluña. Quien habla cuestiona, eso sí, la política de aislamiento que propugnan los más radicales y sostiene que todo es producto de intereses personales de algunos políticos, incluido Maragall, y afirma que en caso de una ruptura de los socialistas catalanes del resto del PSOE, esta última formación de ámbito nacional obtendría un mayor respaldo electoral. El presidente de la Caixa ya advirtió al presidente de la Generalitat de que no extreme sus posiciones, porque Cataluña necesita el mercado español para sobrevivir. Seguramente ya sabía algo de la puesta en marcha de la campaña que está circulando estos días a través de los móviles, «pásalo», por la que se invita a la gente a no consumir productos catalanes durante el mes de noviembre. La realidad es que en los centros de poder de Cataluña comienza a detectarse preocupación. Una prueba evidente es que Maragall ha comenzado una ronda de invitaciones a los directores de los medios de comunicación de las provincias del resto de España. Habrá que escuchar el mensaje. Entre tanto, en las dos instituciones más importantes de León, la Diputación y el Ayuntamiento, eran debatidas sendas mociones contrarias al proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento Catalán, aunque ya se sabe que para su entrada en vigor es necesario que sea ratificado por las Cortes españolas. El PSOE ya ha anunciado que «no pasará», pero en el PP se tiene la sospecha de que la oposición se reducirá a una patina de maquillaje que no modificará sustancialmente la reivindicación catalana. El PP se ha enganchado a este asunto como tabla de salvación. Desde las elecciones de marzo de 2004 este es el único asunto que ha permitido mejorar sus expectativas electorales, en caída libre hasta entonces. A los leonesistas les sorprende que García Prieto haya sido tan diligente para abordar el Estatuto de Cataluña en el Pleno de la Diputación, cuando se ha negado a tramitar un debate similar sobre la modificación del Estatuto propio, el de Castilla y León. El PSOE habla de oscuras intenciones, de buscar eso, alarma social, y de no favorecer la convivencia entre los españoles. Movilización social también en el ámbito minero. La reunión negociadora del pasado miércoles no solamente terminó en fracaso, sino que además UGT dejó de ser la muleta obrera del Gobierno en este asunto y ha propiciado la recuperación de la unidad sindical con Comisiones Obreras. Las palabras posteriores de Solbes no han contribuido a mejorar la situación de enfrentamiento. El vicepresidente económico fue muy claro. Habló de una nueva y necesaria «reconversión» del sector, se mostró contrario a la política de subvenciones y ajeno a las demandas de política social. En su opinión, no parece lógico seguir apoyando con dinero público al carbón cuando existen otros combustibles más baratos. Quiere rebajas. Pragmatismo de mercado. Las palabras de Solbes alimentan los temores del PP y de la UPL, grupos que han respaldado en la Diputación provincial una moción contraria a la opa de Gas Natural contra Endesa, por entender que esta operación financiera repercutirá negativamente sobre el carbón leonés. El PSOE entiende que esta denuncia es «oportunista» y que únicamente intenta «arrojar más leña al fuego». Es decir, crear más alarma social. Seguramente la misma que van a suscitar los agricultores, que anuncian reeditar las tractoradas para exigir compensaciones en el precio del gasóleo. No se quieren quedar atrás con respecto a los pescadores y a los transportistas. Lo más curioso de esta situación es que, no hace tanto tiempo, expertos economistas, se supone que al menos afectivamente ligados al Gobierno, se desgañitaban para proclamar que la creciente subida del precio del barril del petróleo no tendría graves repercusiones sobre la economía, que había «fuelle» y «colchón» suficientes para amortiguar sus efectos. Ni siquiera en la inflación global tendría apenas reflejo. Menos mal que eran expertos, que si llegan a ser aficionados... Y para alarma social la que ha creado la Junta al emitir un informe contrario a la estación de esquí de San Glorio, lo que de momento ha impedido una asignación de 20 millones de euros para este proyecto con cargo a los presupuestos del Plan del Carbón. Ahora ha sido el PP quien ha acusado a los socialistas de utilizar este asunto de forma malévola, con el fin de crear también alarma social. Según el PP, la Junta cayó en una trampa. Desde el Ministerio de Industria se preguntó a la Junta por la situación legal de la zona palentina de Picos de Europa, que comparte las futuras instalaciones de ocio. Se contestó que el suelo es Parque Natural, cuyo uso todavía no se ha modificado. Era la respuesta que hacía falta para negar la aportación del dinero. Desde el PSOE y la UPL se habla de negligencia de la Junta, cuando no de bloqueo intencionado. Desde el PP, de trampa saducea provocada por el Gobierno... Lo mejor en este tipo de asuntos, en todos, es que al final la realidad acaba poniendo a todo el mundo en su sitio. De poco vale la especulación intermedia. Habrá o no plan del carbón satisfactorio para las zonas mineras. En unas semanas se concretará el precio y la producción de azúcar regulada por la Unión Europea. No tardará mucho en producirse el alumbramiento o el aborto del «amenazante» Estatut. En un plazo más largo, las máquinas comenzarán o no a trabajar en uno de los proyectos de riqueza y empleo más importante de Picos de Europa y, en definitiva, los agricultores sabrán si también reciben la propinilla del diésel. Un poco de paciencia. Que no cunda la angustia y la ansiedad. En definitiva, «que no se me alarmen», concluía aquel general ante la tropa desarmada viendo el avance del enemigo.