Así, no

AYER salieron a las calles de Madrid supongo que miles de personas (para la guerra de cifras, consultar los diarios de hoy) protestando por la nueva Ley de Educación, en una manifestación apoyada por el principal partido de la oposición y la iglesia católica, que es parte interesada ideológica y económicamente en esa materia. Anteriormente ha habido una huelga de estudiantes contra el mismo texto pero con diferentes motivos. Lo más probable es que la nueva ley salga adelante. Lo más probable, también, es que sea un fracaso o, por lo menos, que no evite que España siga apareciendo a la cola de Europa en los parámetros educativos. Y no es nada imposible que esa Ley se reforme en el próximo cambio de gobierno, provocando por supuesto manifestaciones de signo contrario. En este vaivén llevamos ya demasiado tiempo en este país y las consecuencias las adivina cualquiera que tenga un mínimo contacto con el mundo educativo: fracaso escolar, escaso gasto, menor que la media europea, fallos de calidad, debilitamiento del profesorado... Aunque en la batalla se suele apelar a conceptos de peso como el de la «libertad de elección», básicamente está en juego, por una parte, un negocio y, por otra, un concepto del papel del Estado en la educación de un país. Y si hay cosas con las que no debiéramos jugar, ésta es una de ellas. La administración pública está obligada a ofrecer una enseñanza universal, gratuita y de calidad y para ello es exigible un pacto de Estado amplio en lo político y flexible en lo concreto que acabe con las ambigüedades y las incertidumbres.