El PSOE y los obispos

EN SU cortés encuentro de la semana pasada con el secretario de Estado del Vaticano, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega informó al cardenal Sodano de que el Gobierno socialista no tiene la menor intención de denunciar los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede (1979). Sin embargo, la interesada información que desde la Conferencia Episcopal se hace a Roma sugiere que Zapatero es el anticristo y que este Gobierno se dedica a perseguir a los católicos, además de haberse empeñado en desalojar la enseñanza de la religión de las escuelas. Curiosa situación. Mientras el Gobierno muestra su deseo de mantener con el Vaticano relaciones estables y amistosas, sobre el respeto a las respectivas esferas de actuación -la frontera clásica entre Dios y el César-, permanece vivo el viejo pleito de familia entre la izquierda española, agnóstica y anticlerical, y una jerarquía acostumbrada a los privilegios sin asumir el carácter no confesional del Estado. Tampoco acaba de asumir que, desde esa perspectiva de no confesionalidad, la Iglesia católica goza en nuestro país de un estatus privilegiado. Al m enos en materia económica. De forma indirecta lo recordó ayer, Teresa Fernández de la Vega. Insinuó la vicepresidenta que el Estado deberá ir pensando en rebajar su generoso trato financiero a la Iglesia, a la vista del trato innecesariamente agresivo que el Gobierno recibe de la Conferencia Episcopal, justo cuando se acaba de prorrogar por un año el curioso sistema de asistencia económica del Estado a la Iglesia. Conviene recordar este sistema «provisional», adoptado hace más de veinte años, cuando una Iglesia menos crecida que la actual asumió la necesidad de autofinanciarse, sin otra ayuda oficial que las aportaciones de los fieles a través de la famosa casilla en la declaración del IRPF (un 0,52 % para la Iglesia con carácter, naturalmente, voluntario). Pronto se vio que los fieles no se estiraban. La recaudación por ese concepto era a todas luces insuficientes para el sostenimiento de las actividades de la Iglesia. Por tanto, el Estado habilitó unas cantidades suplementarias con cargo a los Presupuestos que han ido creciendo y que no han dejado de pagarse con Gobiernos del PSOE o del PP. Ese sistema «provisional» fue anual y sistemáticamente impugnado por el PSOE durante los ocho años del Gobierno del PP (la famosa «Enmienda Cuesta»). Pero ya con el PSOE en el poder, en la elaboración de los actuales Presupuestos (finales de 2004), desapareció la enmienda como inequívoca señal de que el Gobierno Zapatero quería tener la fiesta en paz con los obispos. ¿De qué le ha servido?