Cuando gobernar parece una venganza

BUENO, pues nuestro querido gobierno ya se ha metido en un nuevo charco. Ni un día sin charco, parece ser la consigna, y vive Dios que la cumplen. La cumplen con entusiasmo, con dedicación, con la entrega propia de equipo aplicado a estar en el centro del huracán. Ahora le toca el turno al dinero de la Iglesia que, como se sabe, es un asunto inocente, que no molesta a nadie ni levanta polvaredas ni pasiones. La historia está llena de encontronazos entre los poderes civil y eclesiástico, entre los agnósticos y los fieles y entre anticlericales y creyentes. Ahora, después de la tormenta de la manifestación contra la LOE, la vicepresidenta Fernández de la Vega dejó caer que no se aumentarán los dineros públicos, sino que deberán «ir a menos», porque la Iglesia ha de autofinanciarse. La frase ha provocado la reacción fulminante de algún obispo, que detectó una amenaza. Ha irritado a quienes atribuyen al gobierno una voluntad de exigir sumisión política a cambio de financiación. Ha inquietado en los sectores que temen que se despierte el monstruo anticlerical que duerme en nuestro país. Está al caer la idea de que este gobierno administra los fondos públicos como si fueran del partido. Y, en la otra banda, un diputado de Iniciativa-Verdes dijo en el Congreso que los curas usan el dinero para fletar autobuses para manifestarse contra el gobierno. La verdad es que a Fernández de la Vega no le falta razón. Entre IRPF, aportaciones complementarias, conciertos educativos, Plan de Catedrales y exenciones de impuestos, la Iglesia percibe más de tres mil millones de euros anuales de ese Estado perverso que la quiere ahogar económicamente. Se podrá decir que es poco, pero no que se debe aumentar. Y, respecto al futuro de autofinanciación, no es un capricho de la señora de La Vega, sino un propósito anunciado en el Concordato vigente. Imposible de alcanzar, seguro; pero previsto y firmado por quienes han suscrito ese acuerdo entre los estados vaticano y español. Desde ese punto de vista, se puede decir que la vicepresidenta no lanzó una amenaza, sino que dio una información. Lo que ocurre es que el momento ha sido inoportuno. Me atrevo a decir que funesto. Ha sido coger el barril de pólvora y echarlo en medio del incendio educativo. Ha sido convertir la guerra educativa en una guerra religiosa. Y, tal como se ha planteado, ha sonado en muchas conciencias como una represalia o una amenaza. Quizá no lo sea, pero sonó así. Y, cuando se sospecha que un equipo gobierna desde represalia o la amenaza, se fomenta el sectarismo, despiertan los odios y los temores y se pierde la razón. Las amenazas, si se hacen, se hacen en privado. En público son una declaración de guerra.