Pendientes de Bruselas

LOS MINISTROS de Agricultura de la Unión Europea se reunirán el próximo martes en Bruselas. En la agenda de trabajo, un asunto vital para León: La reforma de la OCM del azúcar. En ese momento se sabrá si las protestas de estos últimos días han servido para algo. Se conocerá si el acuerdo de algunos países de constituir una minoría de bloqueo no se diluye como el azúcar que afirmaron defender. Y, finalmente, conoceremos si las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero, al enviar sendas cartas a Barroso y a Blair, se traducen en algo positivo o queda todo en la papelera de las gestiones diplomáticas frustradas. Con el apoyo posterior de la Mesa del Azúcar, miles de agricultores respondieron al llamamiento realizado inicialmente por Comisiones Obreras. Los remolacheros y los trabajadores de la industria -que en este asunto todos pierden- se manifestaron ante las cinco factorías que molturan remolacha en Castilla y León. Excesivas reticencias en un asunto que une a todos en lo fundamental y que, sin embargo, provoca demasiados recelos entre las diferentes organizaciones y partidos políticos, a veces más preocupados por la rentabilidad electoral propia que por la defensa de los intereses comunes. Es muy probable que la OCM no sea aprobada en los términos en los que la comisaria sectorial la ha planteado, que habrá algún tipo de rebaja en busca de un compromiso. La duda que hoy cabe plantearse, a dos días de la cumbre de ministros, es si esa rebaja será suficiente o si, por el contrario, se intentará barnizar la reforma en un intento por salvar unos muebles bastante maltrechos. Un grupo ecologista se mostraba sorprendido al conocer la diligencia con la cual la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se pronuncia reiteradamente en contra del proyecto de la estación de esquí de San Glorio y, por el contrario, acata con entusiasmo el apoyo de las administraciones a la línea de alta tensión que Red Eléctrica pretende acometer por Picos de Europa. Sorprende la virulencia con la que se ataca una actuación que ocupa una zona muy pequeña, con un impacto ecológico fundamentalmente visual, frente al daño de un tendido eléctrico de cientos de kilómetros. Es evidente que el progreso ha de pagar algunos peajes. Seguramente a muchas personas nos gustaría que el planeta Tierra siguiera siendo tan virgen como se lo encontraron nuestros antecesores más remotos. Pero al mismo tiempo tampoco estamos dispuestos a renunciar a la mayoría de las cosas que el progreso ha puesto a nuestra disposición en este siglo XXI. Casar, por lo tanto, la conservación de nuestro medio natural con las exigencias de esta sociedad desarrollada constituye un deber colectivo. La ministra Narbona, sin embargo, desconoce la realidad de León. Desconoce que es una de las provincias más despobladas de España (ya sólo somos 495.000) y que necesita urgentemente de proyectos que creen empleo, industriales o de ocio, para evitar su desertización humana. En la tertulia «El Diario de León tiene la palabra», que se emite todos los miércoles a través de la Ser, el presidente de la Diputación, el popular Javier García-Prieto, y la procuradora socialista Inmaculada Larrauri, coincidieron en pedir agilidad y mayores compromisos en pro de este proyecto a las administraciones central y autonómica. Mariano Torre, director del Medio Natural, expresó el apoyo incondicional de la Junta y aseguró que el mayor impedimento en la actualidad, el cambio de calificación de los terrenos en la zona de Palencia, será subsanado antes de abril. Narbona, sin embargo, ha amenazado con llevar el asunto ante la Unión Europea si el proyecto sigue adelante. La posición de la ministra fue enjuiciada de forma diferente: la representante del PSOE cree que «Cristina Narbona ni pincha ni corta en este asunto». García-Prieto opina, sin embargo, que intenta torpedear un proyecto importante para León, incluso en contra del compromiso público adquirido por Zapatero. Resulta evidente que Rodríguez Zapatero no necesita muchos enemigos en León teniendo como amigos a Narbona y al también ministro Montilla. Ambos expertos en duchas de agua fría para esta provincia. El presidente de Mancomunidad de la Montaña de Riaño puso el dedo en la llaga. Dijo Porfirio Díez que no entiende tantos obstáculos ni las razones por las cuales «todas las estaciones de esquí, que están en parques naturales, solventan todos los problemas, exceptuando la de León». Mal fairo, dicen algunos. Otros, simplemente, apuntan a lo de siempre, que los intereses de los partidos con demasiada frecuencia se imponen a los intereses de los ciudadanos. Sorprende también la polémica suscitada por la construcción de los aparcamientos subterráneos, salvo que los intereses privados quieran imponerse sobre los colectivos de los ciudadanos. El PSOE asegura que el aparcamiento que se proyecta en La Inmaculada es innecesario, puesto que los que existen actualmente únicamente están ocupados en un 20 por ciento. La pregunta obvia es si esta circunstancia, que habría que matizar por horas y por días, es debida a que no existen más coches que necesiten aparcamiento o a que resultan muy caras las tarifas. Seguramente se trata de un problema que tiene mucho más que ver con el precio que con la necesidad. Los aparcamientos subterráneos, considerados como un bien público y no como un negocio privado (eso es otra cuestión), resultan imprescindibles. Háblese, por lo tanto, de tiempo de concesión del negocio a la empresa que resulte adjudicataria, de tarifas y de otras condiciones, no tanto de su necesidad, que parece incuestionable. Asunto aparte es el problema que ocasiona a los comerciantes de la zona, que seguramente verán mermados sus negocios debido a la incomodidad de las obras. Pues bien, que el Ayuntamiento articule una serie de beneficios, fiscales o de otro tipo, que mitiguen la pérdida parcial de negocio durante el tiempo de ejecución de las obras. Algunos tienen el convencimiento de que la clientela les resarcirá posteriormente. Pero en estos asuntos ya se sabe que el optimismo no es un don que se reparta por igual. En todo caso, más de uno pensará, sin duda, que ojalá algún día podamos ver una ciudad con las calles limpias de coches, sólo con los que transitan fuera de unas zonas peatonales progresivamente más amplias también. La confrontación política ha dejado también un asunto de menor relieve, que no merecería ni un apunte. Pero ahí está. Mario Amilivia trató de introducir la insidia y la descalificación sobre el anterior concejal de Urbanismo, Paco Gutiérrez, hecho que fue acogido con inusitado regocijo por algunos medios de comunicación. Con todos los respetos a quienes ejercen este tipo de crítica solapada, por cuanto introduce elementos deliberados de sospecha y descalificación, a uno le parece totalmente legítimo que Gutiérrez aspire a la plaza de arquitecto municipal de San Andrés del Rabanedo. Las concomitancias que existen con respecto a la afiliación política del aspirante y del alcalde de San Andrés no pueden impedir, ni en justicia ni moralmente, las aspiraciones profesionales de persona alguna. Máxime cuando, como es el caso, nadie parece dudar de la capacidad técnica y profesional de este arquitecto.