Título II: «De la República»

Hay que partir de la idea clara de que ser partidario de una república parlamentaria o de una monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, de ningún modo está vinculado con la ideología, no tiene absolutamente nada que ver, por más que en España se haya identificado a los republicanos con la izquierda, pero eso no debe influirnos a la hora de analizar con rigor la Institución monárquica y podernos posicionar libremente. El primero de los argumentos ofrecidos para la defensa de la monarquía es una falacia, ya que parte de la asociación de dos ideas: el constituyente estableció en la Carta Magna un Título denominado: «De la Corona», y como el 89% de los ciudadanos votó Sí a la Constitución Española de 1978, deducen que el apoyo a la monarquía es amplio y de consenso en España. Pero es un puro engaño, ya que si bien es cierto que la Constitución Española supuso un gran avance en cuestiones que directamente afectan a la vida de los ciudadanos; como lo fue el reconocimiento de los derechos fundamentales y libertades públicas, el establecimiento de una nueva organización territorial con el objeto de que fuera un Texto de amplio consenso, y muchas otras que sería largo de relatar, hay que tener en cuenta que cuando se votan las Cartas Magnas, y en el caso concreto español, habida cuenta de la situación social y política que se vivía en España, donde había un ansia de libertad y democracia innegable, lo que se valoran son las cuestiones más trascendentales para los ciudadanos, la capacidad del Texto para satisfacer las necesidades más acuciantes de la sociedad, y es evidente que el asunto de la Corona era un tema menor. Eso no quiere decir que todo el mundo que votó a favor de la Constitución fuera monárquico convencido, pero no se va a renunciar a un nuevo marco de convivencia, plenamente garantista y positivo para el pueblo, donde la libertad y los derechos de los ciudadanos son la luz que guía el camino hacia el futuro de la nueva España que surgió a finales de 1978, por el asunto de la Corona. Es un razonamiento análogo al que se realiza cuando hay elecciones, uno vota a una lista cerrada y bloqueada de un partido político porque considera que su ideología será más beneficiosa para el bien común, y no deja de votarle porque uno de los de la lista no le considere adecuadamente preparado para el cometido al que se está presentando. Otra crítica importante que se le hace a la institución es que atenta contra el principio de igualdad de todos los ciudadanos, ya que no sólo discrimina a la mujer en el acceso al trono, al dar primacía al varón aunque nazca después, sino que también, y con mayor trascendencia, porque esto no se puede arreglar con una reforma constitucional a no ser que liquidemos todo el actual sistema, discrimina por razón nacimiento a todos los ciudadanos, ya que nadie puede llegar a ser Jefe del Estado sino pertenece a la línea sucesoria del actual Jefe del Estado. Ambas notas, si bien pudieran ser aceptables en los sistemas de las monarquías absolutistas de siglos pasados, donde el rey tenía omnímodos poderes y donde la ausencia de derechos y libertades públicas de los ciudadanos era el rasgo característico, de ningún modo pueden formar parte de una institución de un Estado de democrático y de derecho como es España, al chocar frontalmente con un principio constitucional básico y que nadie aceptaría su menoscabo en cualquier otra esfera del ordenamiento jurídico. El hecho de que necesariamente el Jefe del Estado tenga que pertenecer a ese linaje, puede ir en detrimento de los intereses de España por la sencilla razón de que n adie puede asegurar que sea la persona más idónea para el trascendental cargo que va a tener que desempeñar, y es posible que pudiera haber dentro del Estado cualquier otro ciudadano que reuniera unas mejores cualidades para ocuparlo, y que si hubiera unas elecciones democráticas para la elección del Jefe del Estado a las que se pudiera presentar cualquiera, como ocurre en los estados republicanos, democráticos y de derecho de todo el mundo, sería el pueblo sabiamente el que elegiría al que considerase más adecuado. Ello serviría para acabar con el déficit democrático que en este ámbito, acceso a la Jefatura del Estado, padece el Estado español. La problemática de la monarquía va más allá de su escasa legitimación, derivada de la votación en bloque de la Carta Magna, porque es a todas luces inconstitucional y esos vicios de los que adolece no se pueden corregir o subsanar a través de los mecanismos que ofrece el Estado de Derecho. Siendo así porque la misma esencia de la institución monárquica es incompatible con el principio básico de todo estado democrático: la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes, siendo esta la gran victoria de los ciudadanos frente a las monarquías absolutistas y que propició el paso al estado constitucional, que con su evolución nos ha llevado al estado actual, donde hemos alcanzado todo aquello por lo que muchos murieron y tanto siglos ha costado conseguir. Por lo que la única solución posible es la abrogación del Título II de la Constitución Española y sustituirlo por otro que rece: «De la República», objetivo que, siendo realistas está muy lejos de ser conseguido porque requiere que los dos partidos políticos mayoritarios de la esfera política alcancen un consenso en esta materia, lo que es complicado debido a que en nuestra sociedad se identifica a la izquierda con la república y en consecuencia, muchos votantes de la derecha no entenderían que su partido defendiera esa postura, por ello es necesario una gran labor didáctica para que se destierre de la ciudadanía esa errónea asociación de ideas que impide ser objetivos en el análisis de la monarquía y de la república.