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JUAN F. PÉREZ CHENCHO
León

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LOS OJOS de los remolacheros leoneses miran a Bruselas. Se está negociando la reforma del sector del azúcar. La comisaria Mariann Fischer Boer intentará que los ministros de Agricultura de la UE den su visto bueno a la reforma. Nuestro país, en comunión con otros once, no están por la labor. Al contrario, rechazan de plano una caída de precios en torno al 42% en la remolacha y del 39% en el azúcar en un periodo de cuatro años, a partir del próximo. Se trabaja a destajo para lograr un acuerdo político, pero no será fácil. Los doce países implicados no tolerarán el golpe bajo -mortal para León, diría yo- al sector agrario. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en carta enviada a Tony Blair, al que corresponde la presidencia de la Comunidad en este semestre, y al titular de la UE, el portugués Durao Barrosso, ha calificado de «inaceptable» la propuesta. Los campesinos leoneses llevan cinco meses voceando su griterío para que la negociación de la OCM del azúcar no acabe con el cultivo de la remolacha en nuestra provincia. No se concibe a la agricultura leonesa sin su cultivo social por excelencia. Ayudó a sobrevivir a miles de familias. Todos los brazos eran necesarios para entresacar, alicar, regar y recolectar la remolacha. Sin este cultivo muchos de nosotros no habríamos tenido acceso a la cultura ni al bienestar. Yo entre ellos. Aún recuerdo, no con nostalgia, aquellos días de escarcha y sabañones en los que tocaba rabizar para llevar a la azucarera las toneladas del cupo de ese día. Me quedo con la solidaridad de otros vecinos como ayuda para completar la entrega en la báscula. Partíamos los riñones y las uñas descargando remolacha y tierra. Era una forma de aligerar el descuento. Los campesinos esperan que el precio se mantenga en torno a los 40 euros por tonelada. Sería rentable. Pero, bueno, aún quedan hoy y mañana para descifrar sombras. Y aunque seguiré con la atención puesta en Bruselas, regreso virtualmente a nuestro país. A Madrid. Esperanza Aguirre ha cumplido dos años al frente de la Comunidad de Madrid, tras ser reventadas las primeras elecciones gracias al episodio sórdido de Tamayo y Sáez, del que todavía nos falta la historia completa. Cuando tomó posesión Esperanza Aguirre, prometió que dimitiría si no reducía la lista de espera de la sanidad a menos de treinta días. Hoy esa lista es más larga que nunca. Interminable. Para aparentar que se cumplía la promesa de la presidenta, el consejero Lamela ha sacado fuera de la lista de espera a veinte mil -ojo al dato: 20.000- madrileños que están esperando fecha para una operación quirúrgica. Pero, ay, viva la manipulación, como no tienen fecha, según Lamela, no están en lista de espera. Ahora bien, el gobierno de Esperanza Aguirre, aunque el leonés Alfredo Prada, su vicepresidente, intente convencerme de lo contrario, ha batido todos los récords de sectarismo y manipulación. Le ha quitado la subvención a la Asociación de Víctimas del Terrorismo del 11-M, presidida por Pilar Manjón. Precisamente, a la única Asociación de Víctimas derivada de un atentado en Madrid. Es jodido tener que escribir esto: ¿Acaso ese es el respeto que le merecen a Esperanza Aguirre y al PP las víctimas del terrorismo? ¿Solamente son dignas de consideración si tienen carné del PP?.

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