La Bolsa, prudente

A LAS BOLSAS les importa todo lo que ocurre o va a ocurrir. La inminente subida del precio del dinero en la eurozona sin duda está siendo analizada con lupa por las empresas. Lo dijo hace unos días el presidente de la patronal: se puede producir una cierta paralización de la actividad. Sin embargo, esta semana en el parqué, las empresas han sido muy activas y en su conjunto se ha dejado para mañana el análisis de las posibles consecuencias de la futura decisión del BCE. Sigue coleando la OPA de Gas Natural a Endesa y sus tentáculos políticos y se ha recrudecido el discurso. El Banco de España anunciaba que estaba investigando a La Caixa la condonación de intereses al PSC y desde el Gobierno se ponía en el grito en el cielo. Montilla, el ministro de Industria, sigue sin dimitir, y desde el Congreso anuncia que seguirá tomando decisiones que afecten a La Caixa, preocupada parece por la incidencia que todo este asunto puede acabar teniendo en su cuenta de resultados. Otros empresarios catalanes andan en las mismas, sobre todo los del cava, dispuestos a denunciar la tutela a la que los somete el tripartito. El supuesto boicot contra productos catalanes montado desde fuera de Cataluña se ha convertido en lo que realmente era y que sí hace daño: un boicot desde dentro de Cataluña a los que venden productos catalanes, pero con tintes de españoles. En fin, que se acerca ya el final del año, hora de hacer cuentas y balances y la Bolsa está prudente, mientras los inversores echan cuentas para mejorar sus desgravaciones fiscales el año próximo. Todo cuenta para el análisis del riesgo y en el horizonte hay no pocos. EL EQUIPO de gobierno de Ponferrada ha recibido esta semana dos bofetadas donde más le duele. En el desarrollo urbanístico de la ciudad. La primera, a pesar de los mensajes tranquilizadores, ha sembrado de incertidumbre el futuro de La Rosaleda, la niña bonita del nuevo urbanismo de la capital, donde deben construirse cinco mil viviendas y el rascacielos más alto de toda Castilla y León. La segunda también ha dolido, porque afecta al paseo del río Sil entre los puentes García Ojeda y La Puebla, quizá la zona más cara y apetecible de la ciudad, frente al castillo de los templarios. Y las dos bofetadas han venido del mismo sitio y por el mismo motivo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha fallado en contra del Ayuntamiento, y de la Junta de Castilla y León, por autorizar modificaciones del Plan General de Urbanismo que aumentaban la edificabilidad de las dos zonas sin contemplar los suficientes espacios verdes y de equipamiento. En ambos casos, han sido vecinos quienes promovieron los recursos contenciosos ante el TSJ; la Federación de Asociaciones de Vecinos por la edificabilidad de La Rosaleda, -y el alcalde siempre ha visto a un político que hace oposición en su presidente, Alberto Zapico- y una comunidad de propietarios preocupados porque el inmueble de siete platas de la antigua calleja del Río iba a oscurecer las traseras de sus viviendas. El equipo de gobierno de Carlos López Riesco tiene en la revisión del PGOU la herramienta para solucionar, a medio plazo, las dos irregularidades urbanísticas, o bien recurrir a instancias superiores y arriesgarse a que confirmen las sentencias del TSJ. Pero no pasa por la cabeza del alcalde, ni de su equipo, renunciar a la edificabilidad comprometida, especialmente en la calleja del Río, donde el PSOE ya denunció hace unos años que los edificios de siete plantas proyectados supondrían un muro de ladrillos que escondería el castillo del centro de la ciudad. Haga lo que haga, al equipo de Riesco se le puede y se le debe echar en cara su falta de previsión. Su empeño en consensuar la elaboración del PGOU reuniéndose con vecinos y agentes sociales, -aunque no contente a buena parte de ellos porque se limita a recoger propuestas, sin adelantar sus intenciones- no deja de ser una oportunidad para que todos puedan decir algo del futuro urbano de la ciudad. Quizás, si hubieran puesto el mismo empeño en consensuar con todos las modificaciones urbanísticas en La Rosaleda y en el paseo del río, se hubieran ahorrado los recursos ante el TSJ. Donde sí han perdido una oportunidad, el PP y el PSOE, para dejar al margen del enfrentamiento político un asunto que afecta a todos los ponferradinos es en el apoyo que demandan los profesionales de Radio Nacional de España para que la cadena pública no cierre su emisora en la ciudad. El PP no ha dudado en aprovechar el llamamiento de los profesionales para introducir una puya contra Zapatero, en la moción que debatirá el Pleno. Y el PSOE no se ha atrevido a sacar los pies fuera del tiesto y se ha abstenido al votar la moción en la comisión de Fomento. La ciudad y los oyentes merecían otra cosa.