TRIBUNA
Procurador del Común, una noble tarea
HABLAR de la institución autonómica Procurador del Común era hasta ahora en León hablar de don Manuel García Álvarez. Quien, agotados los plazos prescritos para el ejercicio del cargo autonómico, ha regresado a su cátedra de Derecho constitucional en la Universidad Leonesa, donde volverá a escucharse su autorizada voz. Mi primaria percepción, como ciudadano de a pie, de su paso por el ente, dedicado a la noble tarea de defender a los ciudadanos ante las instituciones comunitarias, la intentaré dejar resumida en las subsiguientes consideraciones, como muestra sincera de agradecimiento por su esfuerzo, colateral demasiadas veces por razones obvias, en defensa de nuestra identidad leonesa, En franca dificultad operativa, dadas las características del ente llamado Castilla y León, supo poner en funcionamiento un estamento autonómico que, sonando a mucho, por novedad y esperanzas generadas en los ciudadanos, el escueto Estatuto de autonomía lastraría su bienintencionado hacer. Pocos o nadie le facilitarían la labor. Es más, siempre dedujimos que ni en la letra estatutaria, plana por demás, ni en la voluntad de los políticos autonomistas celosos de «sus cosas», iba a encontrar ab initio apoyo claro a sus tareas defensoras del común. Y así seguimos sospechándolo en la natural distancia de relación y tiempo. Resaltemos: la administración autonómica podía no prestar atención a sus objeciones o recomendaciones, y no pasar nada. Intervenciones de oficio ante flagrantes anomalías, detectadas tras escrutar con insistencia y laboriosidad el panorama territorial, o a demanda particular del pueblo, irían llenando de contenido sus horas, estudiando no sólo las razones de cada caso, sino, y ahí está el quid, cómo plantearlo y defenderlo ante el «hostil», por receloso, responsable autonomista de turno. Su pausado y meticuloso buen hacer, sensiblemente le iría haciendo ganar prestigio, credibilidad, y hasta en determinados momentos notoriedad no buscada. Generoso en dedicación, siempre le faltarían horas. Como simple anécdota no me resisto a recordar aquí, que, bajo el título: «Ya han nombrado veedor oficial en el ente», en diciembre de1994, precisamente cuando acababa de ser nombrado Procurador del Común, sin conocerle personalmente, nos dirigíamos a él públicamente recabando una especial atención hacia la Identidad Leonesa que el ente trataba de anular. Territorio y personalidad leonesas estaban, y siguen estando, en peligro de pervivencia, así se lo contábamos en ése escrito que brotaba de nuestro posicionamiento frente a la línea de actuación del centralista ente. Con relación a la segunda faceta señalada, la demanda popular, entroncó la relación oficial con él, de la Asociación pro-identidad Leonesa, que tuve el honor de coordinar largos años. Estábamos tan confusos y desalentados en nuestra tarea reivindicativa, que nunca olvidaremos su acogida a trámite de nuestra primera queja para salvaguardar nuestra identidad. Mayo del 1996. Queja que, para empezar, y haciendo un elemental juego de palabras, en verdad, se asemejaba más a un lamento de temores y desesperanzas. En julio del mismo año, en la Tribuna titulada «El Procurador del Común tiene la palabra» le pedíamos resolver, pues el tiempo, señalábamos, corría a favor del ente. Cerrábamos aquélla con unos conocidos versos: No te tardes que me muero, carcelero... Y respondió: ¡Aceptaba tramitarla! Así lo dijimos, para conocimiento de los leoneses, en el mes de agosto en el artículo de opinión titulado: «El Procurador del Común dijo sí¿», donde, además, dirigiéndonos a los maestros leoneses les pedíamos se pronunciaran ante los errores lingüístico-autonómicos propalados por el ente. Terminología que sin duda estaba alcanzando, también, o de modo especial, a los niños en edad escolar. Me duele decirlo, no se pronunciaron, al menos públicamente. Conseguir que dos consejerías de Cultura autonómica, convinieran en que se iba a vigilar ésa terminología en los textos escolares; por ejemplo el vocablo región cuando se malempleaba cual sinónimo de comunidad, nos pareció un logro corto y escueto. Mas, andando el tiempo, hemos podido valorarlo, junto a la supresión del gentilicio castellanoleonés por castellano y leonés, y a la promesa de controlar la terminología incorrecta y lesiva para lo leonés en los currículos escolares, como una labor de tacto y persuasión de fina traza diplomática. Y ello, debido fundamentalmente al escaso margen de maniobra que para su cometido, en letra se recogía y en intención política se soslayaba. Su última ratificación: «coexisten dos elementos diferenciados, lo castellano y lo leonés», en esta Comunidad», que viene a reafirmar el Acuerdo por la Identidad Leonesa, lo interpretamos como su Finnis coronat opus en el tema identitario. Si bien, queda atrás latente que, Castilla y León, dos realidades, desde la fría letra política estatutaria no pueden ser fusionadas. ¿Dónde queda si no la voz de ambos pueblos, don Manuel? Es de justicia dejar reconocidos sus esfuerzos. Y así lo hacemos.