¿Para quién gobierna nuestra clase política?

España es el segundo país europeo tras Portugal donde hay más accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico se ceban principalmente entre la población joven, constituyendo un problema de salud pública de gran magnitud. De hecho, representan la principal causa de mortandad entre personas con edades comprendidas entre los 5 y los 29 años. La mitad de las víctimas en la carretera suelen ser jóvenes y adolescentes. La gravedad de esta situación también se refleja en la importancia de las secuelas que los accidentes llegan a ocasionar. El 40% de las minusvalías que se producen en España están causadas por estos accidentes. Se calcula que cada año aparecen 500 nuevos casos de paraplejia en España por traumatismo de tráfico y el 75% de éstos se producen entre jóvenes. Un estudio realizado por el Instituto de Tráfico y Seguridad Vial (Intras) y la aseguradora Línea Directa ha desvelado que el 37% de los accidentes mortales de tráfico son debidos a la velocidad. El estudio se basa en el análisis de 494.353 accidentes a lo largo de cuatro años. Cada año se producen en España 20.000 accidentes por exceso de velocidad. La investigación confirma que la infracción de velocidad aumenta enormemente la frecuencia de accidentes así como su gravedad. En España uno de cada cinco accidentes con víctimas se debe a una infracción de este tipo y Galicia, Castilla León y Asturias son las comunidades con más accidentes por exceso de velocidad. A modo de conclusión, la investigación destaca que si se condujera a la velocidad adecuada se podría reducir en un 30 % el número de conductores fallecidos. Pero la clase política nos pide que reduzcamos nosotros la velocidad, no que lo hagan las multinacionales que fabrican los coches. Como ciudadanos exigimos que el criterio de fabricación de los coches sea la utilidad (para trasladarse) no únicamente el beneficio (utilizar la velocidad como reclamo de atracción). Pero nuestros políticos, que dicen representarnos, nos consideran simples consumidores (la elección depende de ti, tú eres quien decide comprar y acelerar) y no como ciudadanos que exigimos y velamos por los derechos de todos (no crear instrumentos con más probabilidad de matar porque tú aceleres o te encuentres con otra persona que ha decidido acelerar). Ante la sangrante realidad de este drama cotidiano que viven muchas familias y que está suponiendo una masacre de nuestra juventud ¿cuál es la propuesta más generalizada? ¿Exigir a las multinacionales fabricantes de vehículos, a través de leyes, que limiten la velocidad de los coches que venden, a la velocidad máxima que establece la legislación vigente? No. Porque eso, nos dicen, reduciría su margen de beneficios. Porque el beneficio es lo que cuenta en el nuevo credo neoliberal del mercado libre. Parece importar poco los miles de personas muertas o parapléjicas. Lo que parece crucial es la cuenta de beneficios en las manos de esos pocos dueños de las grandes empresas fabricantes de coches. Y, mientras tanto, ¿qué hacen nuestros políticos que dicen representarnos, por proteger la vida y la integridad de nuestros hijos?. No se puede regular el libre mercado, nos dice nuestra clase política. Es una decisión individual de quien conduce, acelerar o no. Pero sólo se puede acelerar si hay esa posibilidad en los coches. Según los estudios psicológicos y antropológicos parece que la velocidad está más relacionada con la exhibición de «tópicos» atribuidos a la masculinidad tradicional, como forma de compensación de complejos de inferioridad, que a la necesidad de desplazamiento de la especie humana. Y esto es lo que vende la publicidad de las grandes empresas de coches: ser más, poder más, tener más potencia, sentirse más poderoso... Por eso las mujeres suelen aparecer en esta publicidad sólo en función de su imagen de seducción y sumisión. Por eso es una de las publicidades con más denuncias en el Instituto de la Mujer por machismo. Y en esta «cultura del macho» es en la que están socializando, a través de la publicidad, todavía, a nuestra juventud, en los inicios del siglo XXI. Por eso, regular la velocidad en la fabricación de los coches es algo que los fabricantes no quieren ni oír, y se echan a temblar cuando se nombra, procuran sacarlo del discurso público y del imaginario colectivo, puesto que eso les rebajaría sus posibilidades de mayores dividendos. Porque en definitiva es eso lo que venden. No importa quién lo sufra. Porque no sólo está quien conduce y acelera más allá de lo permitido, sino quienes están en frente y sufren el accidente por la imprudencia temeraria de otra persona. ¿Es que no son personas que tienen derecho a la vida? Nos quieren convencer de que sólo somos consumidores, que eligen «libremente» entre los productos que ellos nos ofertan, y sólo esos. Por lo que las soluciones se centran en «más consumo». En la máquina del mercado, lo importante es que las soluciones propuestas supongan más beneficios para las multinacionales: frenos abs, airbag, radar, gps, y nuevos accesorios para asegurar «mayor seguridad». ¿Para quién? Para los accionistas y los dueños de las grandes firmas. Este mismo esquema se puede aplicar a buena parte de los nuevos productos que se nos venden cada día más: desde los videojuegos a los móviles. El mercado no se puede regular, insiste la clase política, no podemos molestar la libertad del mercado. No podemos regular, nos dicen, los contenidos violentos, sexistas y racistas de los videojuegos, a pesar de los efectos en nuestra juventud. No podemos aplicar el principio de precaución a las antenas de telefonía móvil, de manera que cuando hay ciertas sospechas de su peligrosidad, no se admita la instalación o uso, en tanto no se demuestre fehacientemente su inocuidad, como «sería de recibo» si el criterio que primara fuera el de la salud pública y la defensa de la vida. Y ha de ser la propia persona «consumidora» quien se intente proteger. Los estudios científicos sobre las antenas de telefonía móvil advierten de su posible riesgo para la salud, señalando como efectos adversos: cefaleas, insomnio, alteraciones del comportamiento, ansiedad, depresión, cáncer, leucemia infantil, alergias, abortos, enfermedad de Alzheimer, malformaciones congénitas, etc. Dichos efectos están en relación con la potencia de emisión recibida y con la duración de dicha exposición, y es de tener en cuenta que la radiación electromagnética atraviesa las paredes, por lo que el único «resguardo» es mantener una distancia adecuada. Sin embargo, la industria y la clase política obvian los estudios en contra, y se admite su instalación -porque el beneficio es lo que cuenta-, hasta que las pruebas de su perniciosidad sean tan abrumadoras, que se opte por su retirada. De hecho, la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de León ha aprobado el pasado 14 de octubre la instalación en la ciudad de León de 102 nuevas antenas, sin reunir a la mesa de seguimiento, tal y como se había comprometido en un Pleno. La propuesta fue aprobada con el voto del PP y los ediles no adscritos y la abstención de la UPL. La pregunta es, entonces, ¿a quién representan estos partidos? ¿a la ciudadanía o a las multinacionales? Lo que le queda al ciudadano es blindar sus hogares contra las radiaciones. ¿Cómo? Consumiendo más. Surgen así empresas que ofrecen blindar las viviendas con láminas metálicas, papel para las paredes, sábanas y prendas de vestir, especialmente, donde haya mujeres embarazadas. Todo esto supone que quien tiene dinero puede pagar por seguir viviendo, mientras que la gente pobre seguirá teniendo que utilizar coches sin abs, sin airbag y sin todos los aditamentos y en viviendas sin láminas protectoras de las radiaciones. Para la clase política que gobierna, pues, parece que la gente pobre es prescindible, no así los beneficios de las grandes multinacionales. La conclusión es clara: nuestra clase política no nos representa, defiende mucho más los intereses de las multinacionales que los de la ciudadanía. Que se lo digan si no a quienes lo han sufrido ya: personas fallecidas o con paraplejia por accidente de tráfico o con cáncer por ondas electromagnéticas.