La rebelión educativa del PP

PARECE una rebelión. El PP, harto de chocar contra el muro del gobierno, ha decidido actuar por su cuenta. En las comunidades autónomas donde gobierna, aplicará una normas específicas que en algunos casos complementan, pero en otros contradicen a la LOE. La cabeza visible de la rebe lión es Ana Pastor: una mujer de convicciones políticas profundas, rigor ideológico, sin ningún complejo ante el poder y uno de los puntales de Mariano Rajoy en su estrategia de asedio al Partido Socialista. Si algo distingue la iniciativa de Ana Pastor de otras de la actual oposición es que no se queda en palabras y pasa a los hechos. Ante iniciativa tan sorprendente como díscola, hay dos perspectivas de análisis: los diez puntos que Pastor presentó y las consecuencias políticas de su aplicación. Los diez puntos son, en su mayoría, correctos. ¿Quién se puede oponer al estudio de un patrimonio cultural común? ¿Cómo no aplaudir planes de fomento de la convivencia y prevención de la violencia? ¿Cómo rechazar la integración de alumnos con dificultades o el refuerzo de la escuela pública? Son objetivos de amplia aceptación social. Tan genéricos, que pertenecen más al ámbito de las actitudes que de las normas: se pueden aplicar sin violentar la ley. No se puede decir lo mismo de la obligatoriedad de los exámenes de septiembre; de las asignaturas comunes en sus ámbitos territoriales y sólo en ellos; de la carrera docente, o del refuerzo del estudio de Latín, Física y Química. En esos y otros aspectos es donde se muestra con más claridad el riesgo de enfrentar dos modelos. Y es ahí donde surgen los grandes interrogantes. ¿Por qué se muestra ahora el PP tan celoso en luchar contra el fracaso escolar? ¿Por qué está dispuesto a desarrollar planes de fomento de la convivencia en menos de tres meses, y no se recuerda un solo caso en sus ocho años de gobierno? ¿Se trata de vocaciones surgidas de pronto? ¿Se deben a la inquietud de Ana Pastor? Es posible: en ese tiempo, la señora Pastor no era responsable de esa área. Pero, además, se deben a dos propósitos no confesados: forzar al gobierno a aceptar sus ideas y desautorizar la Ley antes de que entre en vigor. Eso hace arriesgada la iniciativa. Nos pone al borde de la existencia de dos modelos, según quién gobierne cada autonomía. Condena a los alumnos a cambiar de planes cada vez que cambie el gobierno regional. Es un mal ejemplo para los nacionalistas, que encontrarán aquí disculpa y ejemplo para funcionar al margen de las leyes orgánicas. Y se bordea la desobediencia. Si cada partido puede hacer una libre aplicación de las leyes según su gusto y al margen de lo decidido en el Parlamento, el Estado de Derecho empieza a tambalear.