LOE: luces y sombras del talante socialdemócrata

EN EL ARTÍCULO 27 de la Constitución, para favorecer la convivencia democrática, se consensuaron dos derechos, nacidos de los principios de igualdad y de libertad, ambos extraordinariamente complejos y de difícil conciliación. Se yuxtaponen así dos formas de entender la educación: una tiene como bandera la expresión «derecho a la educación»; es la de la Escuela pública, de tradición laicista. El santo y seña de la otra es la «libertad de enseñanza», donde se sitúan los centros privados, en su mayoría religiosos. Las dos tradiciones han coexistido y han inspirado los principios que han presidido las distintas leyes educativas que, de uno u otro signo, han sido promulgadas en nuestro país desde 1978. Sin embargo, no se fían una de otra; es más, cada cual, en el fondo, se postula como alternativa. Aceptando el rasgo de la alternancia, propio de estados democráticos, ¿cómo superar esa desconfianza que hace que cada gobierno legisle haciendo que la educación esté sujeta a los vaivenes políticos que la ponen patas arriba a la primera de cambio? Seguramente que fuera necesario un verdadero debate nacional donde se analizase en profundidad nuestro sistema educativo: qué es lo que funciona, qué es lo que falla y hacia dónde deberíamos caminar. Se continúa dando palos de ciego, nos dejamos guiar por corrientes de opinión, por encuestas de dudosa profesionalidad y por informes que sólo tienen en cuenta determinados factores. Por otra parte, posiblemente, haya llegado el momento de comprender que el consenso sobre valores básicos, con ser imprescindible, no es suficiente. Será necesario completarlo con un acuerdo que se centre en los procedimientos, es decir, sobre las reglas de juego a aplicar. De este modo, superado el mero pacto político, se pueda llegar a un verdadero compromiso social por la educación, en el que todas las Administraciones, tanto la estatal como las autonómicas, aseguren unos recursos y unos controles que garanticen, a todos sin excepción, su derecho a una educación de calidad. Pienso, ingenuamente, que, con la buena intención de buscar el consenso y tratando de conciliar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza, la Administración socialista presentó a la sociedad española, para su discusión y aportación de propuestas, el documento «Una educación de calidad para todos y entre todos». El debate generado durante varios meses fue bastante flojo y produjo escasos entusiasmos entre los componentes de la comunidad educativa. Si bien es cierto que la máxima responsabilidad hay que atribuírsela a la Administración central a la que le faltó convicción y tesón para explicar lo que había de nuevo y de viejo en la propuesta que presentaba. Como consecuencia, en mi opinión, se perdió, una vez más, una inmejorable oportunidad para realizar un diagnóstico serio de nuestro sistema educativo. ¿Es preciso recordar que la Ley General de Educación de 1970 -en pleno periodo franquista- vino precedida de un Libro Blanco? Surgió así el anteproyecto de Ley para su discusión en el Parlamento. El texto intenta simplificar la proliferación de leyes educativas en vigor y plantea algunos de los problemas que tiene nuestro sistema educativo, pero es tímido en cuanto a las soluciones que propone para resolverlos. Y en este punto parece que, como en otras cuestiones desde su acceso al poder, al gobierno del PSOE le faltó valor para dar un giro imprescindible a la política educativa, así como para adquirir un verdadero compromiso con la Escuela pública. Veamos tres ámbitos, que desde mi punto de vista son de gran importancia para el futuro del sistema educativo, y en los que se erosiona a la ya maltrecha Escuela pública. Suele decirse que las soluciones de ayer son los problemas de hoy. Esto es lo que ocurre en el contencioso Escuela pública­­-Escuela privada concertada. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 blindó legalmente los intereses privados y confesionales en educación, justificando las subvenciones -hoy conciertos- al sector privado. Entonces se argumentó las necesidades de escolarización y de gratuidad, allí «donde la red pública no llegaba». Hoy, sin embargo, la doble red es un obstáculo para que la educación obligatoria sea un factor de cohesión social y creación de ciudadanía. Los intereses privados han terminado por imponerse y el papel subsidiario que inicialmente se le atribuía al sector privado se ha transferido al público, con el consecuente aumento de las desigualdades sociales. El dictamen de la Comisión plantea diferentes modificacio nes al Anteproyecto que benefician a la escuela de titularidad privada. Aumentan los recursos económicos para financiar los centros privados concertados (3,1 %). No se establecen medidas ni requisitos suficientes que permitan el control de los mismos y se dificultan las posibilidades de rescindir los conciertos. Se hace necesario un compromiso social, real y efectivo, por la Escuela pública. En segundo lugar, como cuesta menos predicar que dar trigo, se plantean en el articulado algunas «declaraciones de fe» sobre el reconocimiento y apoyo al profesorado; sin embargo, apenas se hacen concreciones. Se pasa de puntillas sobre temas importantes como la formación o la protección de la salud y prevención de los riesgos laborales. No se aborda el acceso diferenciado para el profesorado interino, ni se plantean medidas para reducir la tasa de precariedad laboral. Se introduce una carrera docente basada en la evaluación «punitiva», unida al sistema retributivo, fomentando la competitividad entre los docentes, cuando en las instancias internacionales se aconseja el trabajo en equipo. Más allá de los reconocimientos retóricos, para afrontar los futuros retos del sistema educativo, se hace imprescindible una mejora de las condiciones laborales y de homologación salarial. Se hace necesario un compromiso social, real y efectivo, con el profesorado. En tercer lugar, se mantiene una cierta am bigüedad respecto al concepto de calidad educativa que en ningún momento se define ni se especifica su contenido. ¿De qué se está hablando cuando se pide más calidad? ¿Qué calidad se puede pretender cuando en el articulado se presenta la posibilidad de aumentar en un 10% el número de alumnos por aula? Pese a las magníficas intenciones de pretender conseguir una educación de calidad para todas y todos, el reformismo gubernamental es incapaz de preguntarse por qué el sistema educativo tiende a beneficiar a los ya favorecidos culturalmente. Aunque se dice que en el periodo de la educación obligatoria, la prioridad debe ser luchar por conseguir la máxima igualdad de oportunidades posible, las medidas que se proponen para conseguirla son insuficientes. Trabajar a favor de esta igualdad supone, sobre todo, reducir el fracaso escolar de los más excluidos. Ello exige una mayor equidad escolar, que no supone dar a todos los mismo, sino dar a cada uno según sus necesidades. Se hace necesario un compromiso social, real y efectivo, por una educación de calidad para todo el alumnado. En fin, la suerte ya está echada¿ para la Escuela pública. Y, a mi juicio, se ven más sombras que luces. Nos queda, por un lado, asistir a los efectos no previstos, inesperados o no deseados a los pretendidos por los legisladores; por otro, la esperanza, en el sentido de que nadie podrá n unca quitarnos, si nosotros no queremos, ese espacio de creación y recreación de la cultura, que es la escuela, cuando ésta se convierte, sobre todo, en un espacio de vida.