Funcionan lasalarmas

INCLUSO algunas instituciones que no habrían tenido por qué intervenir, lo cierto es que no parece que haya faltado ninguna que no haya emitido, no ya sus advertencias u opiniones contrarias, sino incluso sus alarmas y sus gritos, ante la propuesta de reforma de Estatuto catalán. A la vista del resultado final, y tras escuchar a Zapatero informar sobre la marcha «razonablemente buena» de las deliberaciones del texto del Estatut, la mayor parte de las alarmas habrán sido exageradas: desde las que emitieron los portavoces del PP, uno de los cuales incluso quiso que Zapatero compareciera y fue reclamado ante alguna clase de tribunal por alta traición del Estado hasta quienes acusaron al gobierno de cambiar de régimen por aceptar la tramitación del texto catalán y pasando por las restantes instituciones: Consejo del Poder Judicial, Tribunal Supremo, todas las cuales, en algún momento de las deliberaciones, y mucho más atendiendo a su particular ideología política que a su condición de técnicos del Estado, han querido aportar su alarma y llamar la atención al Gobierno de la Nación, para el caso de que no estuviera suficientemente alertado de la trascendencia de dar por bueno algún texto no conforme con la letra y el espíritu constitucional. Los últimos en manifestarse de este modo han sido los militares y en concreto el general jefe de la Fuerza Terrestre José Mena, quien en un discurso en Sevilla también ha tenido la ocurrencia de advertir sobre las graves consecuencias de sobrepasar los límites infranqueables de la Constitución española. Es cierto que el artículo ocho de la Constitución prevé la intervención del ejército para garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad y el ordenamiento constitucional, pero no es menos cierto que el propio Gobierno es el primero en estar atento a cualesquiera de esos riesgos y de ahí que se haya considerado una impertinencia inadmisible la advertencia del general José Mena. Si en algo se esfuerza el Gobierno es en evitar que el texto catalán pueda superar el marzo constitucional, por más que Carod predique que si no cabe en la Constitución será preciso cambiar tal Constitución para que quepa. Pero llevamos largo tiempo comprobando que todos quieren dar lecciones de lo que es posible hacer o evitar. Pero algunas impertinencias han rebasado lo admisible. La ventaja de los hombres de uniforme es que es sumamente fácil proceder a su destitución.