El verdadero respeto a la Constitución

EL DISCURSO pronunciado por el teniente general Mena Aguado en la celebración de la pascua militar ha servido para que avance un escalón más el desmesurado debate que desde hace meses se desarrolla en torno a la reforma del estatuto de autonomía de Cataluña. No deja de sorprender que sean algunos autoproclamados «constitucionalistas» y sedicentes liberales quienes hayan salido más vehementemente en defensa del militar sancionado y en apoyo de sus opiniones, ya que, si bien se apoyó en el artículo 8º de la Constitución, la concepción del Estado que subyace de sus palabras no puede estar más alejada de su letra y de su espíritu. A estas alturas debería ser innecesario recordar que, precisamente a causa de su carácter democrático, la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, «del que emanan los poderes del Estado», y que las encargadas de legislar son las Cortes Generales, que representan a ese pueblo. Precisamente eso es lo que están haciendo las Cortes con respecto al estatuto de autonomía de Cataluña, ejercer su función legislativa. Ciertamente, las leyes deben atenerse al marco constitucional, pero la propia Constitución establece claramente quien debe dictaminar si una ley lo violenta: el Tribunal Constitucional, no los tenientes generales, ni los sindicatos, los tertulianos, los profesores de secundaria o los taxistas. Esta es la cuestión, existe un procedimiento para elaborar y aprobar las leyes, labor que realiza un parlamento libremente elegido por los ciudadanos, y otro para garantizar que esas leyes respetan lo dispuesto en la Constitución. El ejército está bajo las órdenes de las autoridades del Estado y es obedeciéndolas, de acuerdo con las leyes, como debe garantizar el respeto a ese orden constitucional. ¿Quién ha violado hasta ahora la Constitución? ¿Quién ha amenazado con hacerlo? Hay un partido político que considera que la propuesta de reforma de estatuto lo hace, el problema es que no pasa de ser un proyecto de ley, por lo que no cabe someterlo al examen del Tribunal Constitucional sino discutirlo, como se está haciendo, aunque mejor sin crear alarmas injustificadas. Las Cortes están debatiendo y van a modificar el proyecto presentado por el parlamento catalán y quizá lo aprueben en su día. Si entonces el Partido Popular sigue considerando que su texto es contrario a la Constitución debe presentar un recurso ante el tribunal, que resolverá. ¿Dónde está la amenaza al ordenamiento constitucional? ¿Qué pinta el ejército en este proceso? Otra cosa es que el estatuto aprobado, como cualquier otro texto legal, aun siendo constitucional, no resulte del gusto de todos, o sea incluso una mala ley. En democracia lo que debe de hacer la oposición es convencer a los ciudadanos de ello, ganar las elecciones y modificarlo, nada más y nada menos. Por eso resulta doblemente censurable, y ha sido acertadamente sancionada, la intervención de Mena. Por un lado, está claro que se trata de una amenaza a los poderes constitucionales. Lo que está diciendo es que si el ejército considera que han sido sobrepasados los límites de la constitución intervendrá. De esa forma, convierte a la institución militar en una especie de superpoder del Estado, que se reserva el derecho a actuar cuando lo considere necesario: es la resurrección de la «vía turca,» tan cara a la extrema derecha y a los golpistas del 23 F en la época de la transición. Además, un militar no puede intervenir en el debate político mientras está en activo y menos desde la tribuna que le ofrece un acto oficial. También debería ser innecesario recordar que esto es así debido a que el ejército posee en un estado democrático el monopolio de la fuerza, que sólo debe ejercer a las órdenes de quienes tienen la potestad constitucional de emitirlas. La historia de España nos ofrece demasiadas muestras de cuales son los resultados de la violación de este principio. Desde luego, la intervención del teniente general, quizá debida a una superficial lectura y débil comprensión del texto constitucional, que no haría más que confirmar el peligro que encierra atribuirle a quien no le corresponde el papel de garante, no ha sido la única muestra reciente de desmesura. Con cierta reiteración, analistas mediáticos e incluso políticos conservadores han pedido ¡la intervención del Rey! en el debate sobre el estatuto, incluso han solicitado que frenase una supuesta amenaza a la Constitución. Se trata de algo anticonstitucional, que sólo puede conducir al descrédito del monarca y de la institución que representa. En el caso de que se involucrase en la discusión política, pasaría a convertirse, como también sucedió en nuestro pasado, en el Rey de un partido y abriría la vía más directa hacia el cambio de régimen político. Si esa intervención sería desgraciada, al menos para quienes no deseen la rápida proclamación de la república, cualquier otra supondría lisa y llanamente un golpe de estado, ya que el Rey no puede destituir al presidente del Gobierno, ni disolver anticipadamente las Cortes sin su consentimiento. Discutamos todo lo necesario sobre las leyes y la política del Gobierno, pero respetando las reglas de juego y la voluntad de la mayoría, sólo así puede funcionar la democracia. Si apelamos a salvadores fuera de lo dispuesto en la Constitución, o nos negamos a aceptar la voluntad popular expresada en las elecciones, estamos amenazándola de muerte.