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FERNANDO ONEGA
León

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EL PASADO MIÉRCOLES titulé esta crónica El ridículo del Estado. Trataba de reflejar la impotencia -y la incompetencia-que se estaba demostrando ante el congreso de Batasuna convocado para el próximo día 21, exactamente dentro de una semana. Me quedé con la duda de si había exagerado mis pensamientos. Por desgracia, me he quedado corto. Las informaciones y declaraciones políticas que se han producido después no sólo provocan inquietud. Provocan miedo. Gran parte de los ciudadanos ignoran en este momento si el gobierno de la Nación y su presidente están dispuestos de verdad a aceptar, respetar y defender el supuesto derecho de reunión de un grupo que está fuera de la ley y ha sido definido como organización terrorista por el Tribunal Supremo y la Unión Europea. Los lectores de esta columna saben que siempre he tratado con el máximo respeto al señor Rodríguez Zapatero. He tratado de justificar la mayoría de sus decisiones. He buscado su lado bueno, porque confío en su buena intención, disculpo sus flaquezas humanas y entiendo que nadie tiene la verdad absoluta. Pero en esta ocasión no lo puedo hacer. El buenismo que caracteriza al señor presidente tiene un límite, y ese límite es el que marca el sentido común de los ciudadanos. En este asunto del congreso de Batasuna, tal sentido común está perplejo. No hay nadie en España que tenga dudas de que quien convocó ese congreso es Batasuna, salvo el presidente del gobierno, que necesita que la policía se lo demuestre. No hay nadie en España que acepte que un grupo que jaleó tanta muerte tenga el tratamiento de un partido normal, salvo quien, como el presidente, cree que hay que hacer compatibles una ley «muy restrictiva» como la Ley de Partidos y los derechos constitucionales de quien sigue alentando la lucha armada. Y no hay nadie en España que ignore que existe una sentencia del Tribunal Supremo que dice ante las tres caretas políticas de que se ha disfrazado el terrorismo (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna): «declaramos su ilegalidad» (¿) «declaramos su disolución» y «deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen», salvo ¿quién? Quien esté dispuesto a dejar que no se cumplan tan contundentes fallos de los magistrados. Mal, presidente. Probablemente lo peor que hizo, lo peor que dijo, desde que llegó al poder. El buenismo ha rebasado los límites de la comprensión y quizá de la aceptación popular. Quiero suponer que han pactado con Otegi o quien sea la permisividad a cambio de un gesto. Pues ese gesto tendrá que ser muy grande para que lo entendamos. Tendrá que ser casi histórico, para que este pueblo no suscriba las imputaciones de cobardía que ayer hizo Mariano Rajoy.

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