Tiempos de gresca

RECUPEREMOS el silencio, el sosiego necesario y la reflexión. Es la reclamación que hacía un ciudadano días atrás en una intervención telefónica a través de un programa de radio. Efectivamente, la vida política ha alcanzado unas cotas de agresividad difícilmente soportables. El insulto se ha instalado en la vida pública, no se guardan las formas y el griterío provoca sensación de histeria y unas mermadas posibilidades de eficacia en la gestión pública. Los líderes de la política nacional están generando un evidente mimetismo en los comportamientos de los colegas locales y autonómicos. La gresca se está generalizando de tal manera, que hasta en el seno del PP de León se están perdiendo las formas y pintan bastos. En estas condiciones resulta muy difícil la posibilidad de alcanzar acuerdos, de sumar esfuerzos en la gestión, suponiendo que a alguien le interese que así ocurra. Hasta el siempre tranquilo José Valín, consejero de Agricultura de la Junta, perdió el otro día los nervios y acusó al secretario regional del PSOE de Castilla y León, Angel Villalba, de decir estupideces y tonterías en relación con el futuro de la remolacha en esta comunidad. Villalba había anunciado que Zapatero hará de Castilla y León el referente de la remolacha azucarera en España, al concentrar aquí los cupos de otras regiones. El anuncio del líder de los socialistas de Castilla y León habrá de ser explicado mañana por el propio presidente del Gobierno, en el encuentro que mantendrá con su homónimo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. A la espera, por lo tanto, de una mayor concreción «presidencial», habrá de otorgarse a Villalba, al menos, el beneficio de la duda. De momento, en el ránking de las declaraciones públicas, el aspirante socialista a la Presidencia de la Junta no ha tenido muchos apoyos, mientras que las descalificaciones de Valín sí que se han visto respaldadas tanto por el sindicato Asaja como por el presidente de la Confederación Nacional de Remolacheros, Eugenio Molina. Dijo este último que no parece posible aumentar la producción remolachera desde el momento en que la reconversión impuesta por la UE impone una reducción del cincuenta por ciento del cultivo en España, y Castilla y León ya acapara en este momento el 60%. Para Asaja la cuestión es más simple: Castilla y León ya es «referente» de la remolacha como comunidad más productora y, en todo caso, el factor que determinará el futuro del cultivo es el precio, la rentabilidad agrícola y empresarial. Si el Gobierno no establece un mecanismo de compensación adicional que compense la reducción que la UE impone en el precio, serán los agricultores quienes abandonen el cultivo sin que nadie más les obligue. El encuentro en La Moncloa servirá también para poner sobre la mesa dos asuntos de gran calado, como es la aplicación de la Ley de Dependencia o la necesaria compensación para reducir el impacto negativo de la supresión de los fondos europeos a partir del año 2007. No es preciso recordar que Castilla y León dejará de percibir fondos europeos al haber superado el 75% de la renta media de la Unión Europea y no haberse fijado tampoco un periodo de transición. La entrevista en la Moncloa se producirá tres días después de la reunión que mantuvieron en Sevilla Herrera y el presidente andaluz, Manuel Chaves. Las declaraciones posteriores del primero han propiciado también un aluvión de interpretaciones. Uno de los asuntos estrella de la conversación fue la futura financiación de las comunidades autónomas, sobre todo ahora que está de candente actualidad la negociación del Estatuto de Cataluña. Herrera expresó su coincidencia con la propuesta de Chaves de aumentar hasta un 50% el porcentaje del IRPF cedido a las autonomías, mientras que la otra mitad sería gestionada por el Estado central En esa línea van las propuestas del Gobierno con respecto a Cataluña. Pero existe un hecho diferencial: Castilla y León y Andalucía reclaman paralelamente la creación de instrumentos de solidaridad, ajustados sobre criterios de población ( sería más propio de despoblación) y de extensión territorial. La posición de Herrera provocó duras críticas del PSOE. Ángel Villalba acusó a Herrera de aceptar en Sevilla lo que en Valladolid niega y un dirigente socialista Andaluz ha visto contradicciones en el seno del PP, ya que el dirigente popular Javier Arenas rechaza en Andalucía lo que su compañero de partido acepta para Castilla y León. Osea, un auténtico guirigay cuya confusión sin duda no contribuye a clarificar las posiciones más radicales que los dos principales partidos mantienen en Madrid. Hasta las rotondas son también materia de enfrentamiento. Nadie que circule por el cruce de Michaisa desconoce el grave problema de tráfico que presenta esta zona. Desde hace años se venía hablando de la necesidad de realizar pasos a diferente nivel. Ahora pintan bastos. El Ministerio de Fomento afirma que cuando se complete la Ronda Sur, el nivel de tráfico disminuirá de tal forma que hará innecesaria la solución hasta ahora prevista para el conflictivo cruce de entrada a León. A nadie se le escapa que más allá de las razones técnicas, todavía no evaluadas, el problema tiene signo político. Existe un afán por impedir soluciones que puedan favorecer electoralmente a los contrincantes políticos. Resulta lamentable, pero todo demuestra que es así. Claro que en este territorio no parece haber muchos inocentes. La obstrucción que ejercita el PSOE en Madrid con respecto a los proyectos del PP aquí, seguramente están en línea con el escaso entusiasmo que los populares le ponen en León a los proyectos socialistas del Gobierno. El Inteco es uno de esos proyectos que corría el riesgo de entrar en el proceloso territorio de los expedientes administrativos. Para evitarlo, el Gobierno ha decidido prescindir del complejo sistema que había ideado (un consorcio y una fundación, donde nadie tenía responsabilidad de nada, ineficaz por tanto) y anuncia para las próximas semanas la creación de una sociedad estatal, inicialmente dotada con 10 millones de euros para comprar terrenos en La Lastra y levantar el correspondiente edificio. La ventaja resulta evidente: los políticos quedan apartados de la gestión diaria y ésta se encomienda a profesionales. A la espera de que el anuncio sea ejecutado, está bien que de vez en cuando alguien intente poner cierto orden con un puñetazo sobre la mesa.