No olvidaremos esta infamia

SENDOS autos del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional impedirán que hoy lunes los Papeles de Salamanca salgan de Madrid con destino a Cataluña. Hoy no se celebrará la fiesta que los nacionalistas preparaban para hacer visible su victoria sobre el gobierno socialista y sobre el conjunto de los españoles. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de anticonstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la devolución a la Generalidad de Cataluña de documentos que no son suyos. Por su parte la Audiencia Nacional, in extremis, paralizó el viernes el envío de dichos papeles al admitir igualmente un recurso contencioso administrativo presentado por el Ayuntamiento de Salamanca por el que impugna dicho traslado. Es probable que estos dos autos no impidan el saqueo perpretado por la ministra socialista Carmen Calvo, pero al menos se van a escuchar las razones por las que los socialistas han claudicado ante este bochornoso asunto. Han sido infames y deplorables las formas como la ministra socialista Carmen Calvo ha sacado los Papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca para llevárselos a Madrid, paso previo para su posterior traslado a Cataluña. Lo ha hecho con nocturnidad y alevosía, utilizando la fuerza pública contra una población que sólo de forma pacífica había exigido su permanencia en dicho archivo. Los ha sacado una fría noche de invierno para evitar las protestas de los ciudadanos de Salamanca. Esta actuación del gobierno ha sido un agravio comparativo contra una ciudad pacífica si lo comparamos con otras actuaciones más complacientes con grupos violentos nacionalistas; pero ha sido un verdadero escarnio contra la voluntad de los habitantes de toda Castilla y León, realizado para más inri por un gobierno débil cuyo presidente, Rodríguez Zapatero, es natural de Castilla y León, y en el que hay un ministro, Jesús Caldera, que es salmantino. Si las formas fueron infames el fondo es bochornoso pues se desintegra un archivo sólo por las presiones revanchistas de los nacionalistas. Decir que en él hay documentos robados y que han de ser devueltos a sus propietarios es una falacia. Muchos archivos tienen ese mismo origen. A nadie se le ocurre pensar que el Archivo Histórico Nacional tenga que devolver, por ejemplo, todos los documentos que, en la exclaustración y desamortización del siglo XIX, se robaron a la Iglesia o a las órdenes religiosas; nadie en su sano juicio pide que la Biblioteca Provincial de León devuelva a los monasterios de Carracedo, Montes o Sandoval los libros que fueron llevados a ella para su constitución. Por no hablar de museos como el del Marés o el de Cataluña. Los documentos que se reclaman de Salamanca fueron efectivamente expoliados en el curso de la guerra civil, pero no lo fueron a Cataluña sino a los republicanos derrotados de toda España, y por tanto en el archivo hay documentos de personas, organizaciones políticas y sindicales y gobiernos regionales. Si se devuelven a Cataluña se deberían, por idéntica razón, restituirlos a sus anteriores propietarios. No es, por tanto, el origen de los documentos l o que se dilucida, sino la desintegración de un archivo que es patrimonio común de todos los españoles. Lo que se cuestiona es ese patrimonio común que, ante la debilidad del gobierno socialista, los nacionalistas quieren romper, y no será lo único que rompan ahora que parecen llegar a un acuerdo en el tema del estatuto. Lo bochornoso de todo esto es el papel de los socialistas de Castilla y León. Primero, con Caldera al frente, dijeron que los papeles no saldrían de Salamanca o lo harían sobre sus cadáveres; ahora son los más firmes defensores del gobierno utilizando argumentos sofísticos sobre devolver lo «robado» a sus antiguos propietarios o queriéndonos convencer que Salamanca saldrá beneficiada con no se sabe qué proyectos majaderos de crear un centro de la memoria histórica. No olvidaremos esta infamia.