Flanco débil: la solidaridad

ZAPATERO consiguió el pacto con Artur Mas, pero no consiguió calmar el ambiente. Si había gran oposición al Estatuto catalán antes del acuerdo, ahora la sigue habiendo. Los términos de condena que antes usó el PP los sigue utilizando ahora. Las críticas al supuesto «entreguismo» del presidente siguen vigentes. Sólo los socialistas que se expresaron ayer en público mostraron síntomas de satisfacción. Tardaremos tiempo en saber si lo hicieron de forma convencida, o sólo porque el guión lo exigía. Antes de nada, es justo decir que ha funcionado lo que caracteriza a todo pacto: la voluntad de cesión. Los catalanes de CiU cedieron en lo que nunca cedería Carod-Rovira: la definición de nación. El presidente cedió algo -tampoco tanto como se dice-en la cuestión económica. No es que el Estatuto vaya a quedar exactamente «limpio como una patena», como había asegurado Zapatero; pero lo honrado es reconocer que, en los términos conocidos, no se parece en nada al texto que vino del Parlamento catalán. Quizá sean exagerados los elogios socialistas, pero no es fácil entender que el PP mantenga la misma oposición radical, como si nada hubiera cambiado. Por no entenderlo, no lo entendió ni Josep Piqué, ayer desautorizado por Acebes. ¿Dónde está lo negativo? A mi juicio, en la cuestión financiera y en su repercusión en la solidaridad nacional. Tal como se ha resumido el acuerdo, empiezan a tener razón quienes aseguraban que los nacionalistas querían dinero. En los mensajes telefónicos circula este chascarrillo: «Cataluña es una finannación». Quienes circulan tal sms parecen convencidos de que se ha comprado la paz con dinero. No es grave que haya una importante cesión de impuestos. Quien menos puede protestar es el PP, bajo cuyo mandato ya se elevó la cifra a los niveles actuales del 33 por 100 en el IRPF, el 35 en el IVA y el 40 en impuestos especiales. Antes de una década veremos aumentar este nuevo porcentaje pactado. Lo polémico es que el presidente Rodríguez Zapatero haya reconocido el concepto de «deuda histórica» con Cataluña. Si el Estado reconoce esa deuda a una próspera comunidad, ¿cómo negarla a las demás? ¿Hay alguna que pueda decir que el Estado ha sido justo con ella? La capacidad de agravio de cada región es, por desgracia, inversamente proporcional a su desarrollo. Pero Cataluña ve atendida su demanda y garantizado su pago. Esto no desmiente que el Estatuto, desde un punto de vista constitucional, quede limpio como una patena. Pero, desde el punto de vista de la solidaridad, deja una gran incógnita: saber, sencillamente, si después quedará dinero para ayudar a las regiones necesitadas. Ahí es donde duele. Matizo: honestamente, lo único que debe doler.