Duelo de poderes

NO SUPONE una novedad para la sociedad española que las tensiones entre los dos grandes partidos se reflejen en el Poder Judicial y, aún menos, que las actuaciones del fiscal general del Estado acusen de una forma llamativa los intereses del Ejecutivo. Lo novedoso es el grado y el carácter estructural de los enfrentamientos. El malestar que recorre la carrera judicial en la actualidad no tiene precedentes sencillamente porque responde a un hecho nuevo como es el cuestionamiento de la unidad de jurisdicciones en el proyecto de estatuto catalán, y es de suponer que en otros. Desde luego en el llamado plan Ibarretxe. Los jueces no podían imaginar que un partido nacional como el PSOE pudiera atentar contra un principio sustancial para la Administración de Justicia y para la definición de un Estado. No se trata, por tanto, de unos ajustes del aparato estatal, sino de la sustitución de éste por varios, tantos como nacione s y algunas regiones. Obviamente, la ruptura de la unidad jurisdiccional afecta a la carrera misma desde el punto de vista corporativo, pero alcanza también al ciudadano como sujeto de derechos y obligaciones. Quiero decir que podrá darse el enorme contrasentido de que un catalán pueda llegar a ser tratado judicialmente de distinto modo a un valenciano habiendo sido ambos autores de los mismos hechos. En un caso se les considerará delitos y en otro no o bien tendrán consideraciones diferentes. El desinterés que ha existido en la ciudadanía española -y por supuesto en la propia magistratura- en relación con el ascenso de los nacionalismos pasa ahora su factura. Por ejemplo, ¿podrá ser destinado a Cataluña un juez que no sepa hablar en catalán? El cese de Eduardo Fungairiño como fiscal general de la Audiencia Nacional ha desbordado así mismo los conflictos tradicionales. Por las formas y también por los contenidos. En adelante se verá cada vez más obligada a secundar una política de permisividad o, si se quiere, basada en interpretaciones laxas de las leyes en relación con ETA. Un ejemplo reciente ha sido el silencio de Conde-Pumpido ante el anuncio de la celebración del Congreso de Batasuna en Baracaldo. Tuvo que ser un auto del juez Grande Maslaska el que impidió la celebración pero, aun así, llegaron a celebrarse reuniones ilegales. Parece ser que las negociaciones con ETA y la tregua de las que se nos habla exigirían un comportamiento «comprensivo» por parte del Gobierno -y de los f iscales- con Batasuna, esto es, con el brazo civil de ETA. Ah ora estamos ante un duelo de poderes.