Concordato caciquil, dejadez estatal y profesorado digital

La enseñanza religiosa escolar vuelve a ser tema de polémica (Diario de León 16 y 29 de enero de 2006). A favor o en contra, se suele olvidar un aspecto importante: el sistema de acceso a la docencia y qué pinta el episcopado «proponiendo» profesores de religión, interfiriendo la libertad de cátedra y el ejercicio de libertades democráticas a través de sus «Delegados de Enseñanza y catequesis». ¿Se acuerdan de cuando Franco proponía los obispos? (ver Gaudium et Spe s n.º 76). A los profesores del sistema público se los selecciona en función de su aptitud profesional, atendiendo a criterios de mérito y capacidad. A estos efectos no cuentan la ideología religión o creencias del candidato, por imperativo constitucional, salvo en el caso de los profesores de religión. ¿Es una excepción razonable? Para los obispos sí, porque los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener «las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» (art. 16.3). ¿Olvidan que el citado artículo no especifica hasta qué punto «tendrán en cuenta» o cooperarán? Se entiende que, «en un estado social y democrático de de recho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo político», dicha cooperación no puede ser en el delito de atentado contra los derechos y libertades fundamentales, entre los que se cuentan el de «la libertad de cátedra» (art. 20.1 d.), de expresión (art. 20.1 a.) o el de «libertad ideológica, religiosa y de culto» (art. 16.1). Por eso, no es razonable que se exija a ningún profesor, incluidos los de religión, más allá de lo que la constitución permite, violentando el espíritu y la letra. ¿Por qué se permite que sean los obispos o jerarcas religiosos de turno, quienes propongan candidatos a ocupar plazas en la enseñanza pública y, sobre todo, que lo hagan teniendo muy en cuenta la ideología religión o creencias de los candidatos, hasta si están a favor o en contra del condón? ¿Acaso, por ser profesores de religión, son menos ciudadanos y tienen menos derechos que los demás? La insuficiente regulación de esta materia permite prácticas caciquiles que, sin incumplir ninguna ley en apariencia, ¿no apestan a delito? Es responsabilidad del Estado hacer que se respeten los derechos constitucionales de estos profesores. ¿Pero los poderes públicos no desisten de su deber en aras de un concordato preconstitucional heredado de la dictadura franquista, que ni la Iglesia ni el Estado están obligados a mantener? Se da la paradoja de que, a los alumnos, se los evalúa sobre los típicos conocimientos, procedimientos y actitudes objeto de su estudio en la materia que corresponda. No se evalúa al alumno en función de su ideología, religión o creencias, sino en función de los conocimientos adquiridos. Esto, como es sabido, lo admiten hasta los señores obispos, respecto de la clase de religión desde hace 25 años. ¿Por qué se empeñan, pues, en mantener la presentación y fiscalización inquisitorial de los profesores, si la fe que se profesa no es relevante a los meros efectos académicos, puesto que no se va a juzgar de ella al alumno, ni a catequizarlo ni a «convertirlo» en creyente o descreyente? ¿Qué justificación tiene que se evalúen y hasta discriminen injustamente la ideología, militancia política, creencias, prácticas religiosas o la legítima vida privada de algún profesor (socialista, comunista, anarquista, feminista, abortista, separado, que no va a misa y critica a los obispos fachas, al Opus o al PP, divorciada, emparejada sin casar, gay¿)? ¿Habrá otra que la de mantener una cuota de poder? Y da mucho, en la España de la precariedad laboral, controlar inquisitorial y caciquilmente, a dedo, la suerte laboral de los profesores de religión (más 14.000, según los colegas de Aprece). A esto se añade al control discrecional sobre los puestos y nóminas de curas, pagados en buena medida con el dinero de todos: creyentes, agnósticos, ateos o indiferentes... ¿Acaso los obispos nos engañan y pretenden meternos de matute la religión como fe, como creencia, en el ámbito escolar? juzguen ustedes. Bien sabemos que la religión no se reduce al ámbito privado, a la intimidad personal, familiar, sectaria o grupal; tiene una dimensión social (económica, política, cultural y convivencial¿) más o menos relevante. ¿Esto le da derecho a imponer su normativa interna en el espacio social común, a confundir el bien común de todos con el bien común de ciertos creyentes, por muy numerosos que estos sean? Yo estimo que no. Conviene aprovechar la próxima reforma de la LOE para dirimir democráticamente esta cuestión. Ya es hora de que la autoridad educativa asuma la responsabilidad de seleccionar a los profesores de religión, vía oposición, con los criterios de mérito y capacidad, obviando cualquier discriminación inconstitucional por razón de ideología, religión o creencias. ¿Encuentra justificación razonable la dejación de los poderes públicos en este apartado? ¿No hay que asegurar la autonomía del sistema educativo y la libertad de cátedra y, a la vez, garantizar el derecho a recibir, libremente, clases de religión impartidas por docentes debidamente titulados, con suficiente conocimiento de causa? Pues cada cual en su escuela y que el Ministerio Público inspeccione y garantice la libertad, y el imperio de la ley, en la de todos. Pienso que debemos llegar a un consenso democrático sobre el grado de obligatoriedad, extensión, cursos, y horas de la asignatura de religión, para que sea verdaderamente «como las demás» y no coto privado de jerifaltes políticos y religiosos. Despreciar el conocimiento es malo, también en materia de religión. Pero extender el cacicazgo a otras confesiones, con nuevos tratados, no puede ser sino profundizar en el error. Da para echarse a temblar, sólo con pensar en el Islam. ¿No hemos de tomar en serio las amenazas contra la democracia procedentes de esta religión que, actualmente, se muestra en muchas partes tan inhumana? ¿O es que ignoramos de donde tomaron su fuerza «espiritual» los asesinos del 11-S, del 11-M, del 7-J y otros que tal¿? ¿Y la discriminación injusta de la mujer, y las manías alimentarias contra el cerdo y el vino, y las «sanas costumbres» de cortar manos, apedrear adúlteras, dar latigazos a los pecadores, o de instigar al asesinato de los blasfemos y de quienes, haciendo uso de su inteligencia y libertad, apostatan de tan misericordiosa religión¿? ¿Qué fue del imán de Fuengirola, Mustafá Kemal? Bien sabemos que estas convicciones antidemocráticas no están amparadas por el citado artículo 27 de nuestra Constitución. Pero habría que reformarlo para prevenir contra la difusión de «propias convicciones» paternas que atentan contra los «valores superiores» de nuestro ordenamiento. Nuestra Constitución es valiosa e infinitamente mejor que aquellas leyes fundamentales del movimiento franquista, pero contradictoria y manifiestamente mejorable. A todos los que luchan por la libertad de expresión y de enseñanza, dentro y fuera de mi religión: muchas gracias.